Cómputo del plazo para interponer apelación de sentencia en casos de menor infractor de la ley penal

Fuente: www.justiciajuvenilrestaurativa.org

Mediante la STC Exp. N.° 01665-2014-PHC, emitida por el máximo intérprete de la Constitución el 25 de agosto del 2015, para determinar del inicio del cómputo del plazo de 3 días que se tiene para apelar la sentencia, en caso de menor infractor de la ley penal.

Por lo que según el fallo de la sentencia, se declara doctrina jurisprudencial, los siguientes fundamentos jurídicos:

31. Un problema adicional tiene ver con la determinación del inicio del cómputo del plazo de 3 días que se tiene para apelar la sentencia. En la identificación del inicio de dicho cómputo entiende el Tribunal, caben considerarse las siguientes alternativas interpretativas: (i) Si la sentencia se notifica, y no contiene una medida de internación, el plazo es de 3 días, se entiende que contados a partir del día siguiente de realizado dicho acto procesal;(ii) si la sentencia se lee, por contener una medida de internación, el plazo se computa desde que se efectúa dicho acto procesal, siempre que se entregue simultáneamente una copia de la sentencia; y, (iii) en los casos en los que se realiza el acto de lectura de sentencia (existiendo una medida de internación) y, con posterioridad, se notifica la sentencia, el cómputo del plazo para apelar deberá contarse desde el día siguiente a la realización de este último acto procesal.

32. El Tribunal hace notar que el inicio del cómputo del plazo acotado en cualquiera de los ítems del Fundamento anterior empieza siempre que la notificación documental de la sentencia al menor coincida en el tiempo con la realizada a los padres y a su abogado. Y es caso de que no exista dicha coincidencia, esto es, que se notifique la sentencia en fechas diversas al menor, a los padres o los responsables y al abogado, el plazo de 3 días solo empezará a computarse desde el día siguiente que se notifique al último de cualquiera de los antes mencionados. A juicio del Tribunal, esta es una exigencia que se deriva del primer párrafo del artículo 219 del Código de los Niños y Adolescentes [cf. supra, Fund. N.º 29] y es una concreción de carácter garantista introducida por el legislador en el procedimiento que se sigue a los menores por infracción de la ley. Su propósito es asegurar que los niños y adolescentes cuenten con el mayor margen de posibilidades en el goce y ejercicio los derechos fundamentales de carácter procesal y, en ese sentido, se trata de una medida legislativa compatible con el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de dispensar a los menores de una protección especial.

33. Esta no es una regla que, a partir de una interpretación literal, se infiera del artículo 219 del Código de los Niños y Adolescentes. En realidad, su identificación es consecuencia de la obligación de interpretársela de conformidad con el principio pro infante, que se deriva del artículo 4 de la Constitución y del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, además de una interpretación sistemática con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y de los Adolescentes. Puesto que detrás de la determinación de la fecha que debe empezar a computarse el plazo para apelar, en buena cuenta, se halla la identificación de una de las condiciones con las cuales el menor podrá (o no) ejercer su derecho a los recursos y su derecho a la pluralidad de la instancia, esta identificación no puede realizarse prescindiendo de identificar el supuesto que mejor posibilita el goce y ejercicio de ambos derechos.

34. Esta regla interpretativa está directamente conectada a la finalidad que tienen los derechos concernidos. En ambos casos, el propósito de estos es permitir que lo resuelto por el juez sea revisado íntegramente por un tribunal superior. Para que una revisión de tal envergadura sea posible es preciso no solo conocer la decisión en sí misma, sino también los argumentos y las razones que lo justifican. El Tribunal entiende que la posibilidad de una revisión efectiva por parte de un tribunal superior requiere que el afectado con la misma, sus padres o responsables y su abogado expresen las razones por las que no las comparten. Esto solo es posible si el menor, sus padres, o responsables, y su abogado tienen la posibilidad de revisar exhaustivamente la sentencia misma. Su sola lectura no satisface este requerimiento. Tampoco la sola notificación de la sentencia al menor.

 

Fuente:

Tribunal Constitucional, STC Exp. N.° 01665-2014-PHC, Lima: 25 de agosto del 2015. Recuperado de <bit.ly/2cjE439>.