Es posible la usucapión de bien inmueble no inscrito


Todo lo que no está prohibido está permitido. Es plenamente posible la prescripción adquisitiva de un bien inmueble no registrado, pues nuestro ordenamiento, de modo expreso y general, no prohíbe que sea exigida judicialmente.

Así lo señaló la Corte Suprema en la sentencia recaída en la Casación N.° 214-2014-Ica (El Peruano, 30 de abril de 2015), en el marco de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. La recurrente inició demanda para que se le declare propietaria de un inmueble que poseía desde hace más de diez años, alegando que se lo cedieron a título gratuito como compensación por haber trabajado en la parcela del hoy demandado.

El A quo declara fundada en parte la demanda, ordenando que el expediente sea remitido en consulta. Sin embargo, en sede Ad quem se desaprueba tal sentencia, bajo el argumento de que no es suficiente comprobar la posesión del bien con animus de propietario, sino que corresponde confirmar si el bien está inscrito, por lo que en el presente caso configura un “imposible jurídico” que la actora prescriba un bien que no tiene dicha calidad.

Al respecto, la Suprema analiza la naturaleza de la usucapión y si, como indica el Ad quem, pedirla sobre un bien no inscrito es un imposible jurídico:

“el derecho real de posesión contiene un ámbito fáctico o eminentemente material, constituido por el denominado en doctrina como “ius possessionis” (…). De manera tal que la prescripción adquisitiva de dominio es entendida como una institución que opera sobre la base de un elemento primordial, y ese elemento subyacente es la posesión; la misma que opera al margen de los títulos, la validez o invalidez de estos, ello debido a que la función jurídica cumplida por la usucapión es la de ser un medio de adquisición y la de ser un medio de prueba de titularidad con base en una posesión cualificada en el tiempo. En consecuencia, limitar la posibilidad de usucapir un determinado bien inmueble, a que el mismo previamente se encuentre inscrito registralmente, importa la desnaturalización de esta figura jurídica, al pretenderse incorporar un “nuevo” requisito a los exigidos por nuestro ordenamiento jurídico”.

En este sentido, la Suprema determina la vulneración del debido proceso y un defecto de motivación, declarando FUNDADO el recurso.