Doctrina sobre la prueba mínima

Las afectaciones a los derechos fundamentales invocadas en el marco de un proceso constitucional deberán ser contrastadas con una prueba mínima, pero de forma suficiente, que acredite el acto lesivo.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) como doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y colegiados jurisdiccionales del país, mediante el auto recaído en el Expediente N° 01761-2014-PA/TC por el cual se declaró improcedente una demanda de amparo.

De esta manera, dicho colegiado considera que si a juicio de quien invoca supuestas afectaciones a sus derechos, estas se originan en el contenido de distintas resoluciones expedidas por la judicatura, lo mínimo exigido que permita al juez constitucional verificar si la invocada afectación se produjo o no, será la presentación de una copia de tales pronunciamientos judiciales.

Lineamientos

El máximo intérprete de la Constitución precisó, también, que si bien el sistema de consultas de expedientes del Poder Judicial (PJ) permite acceder al conocimiento de algunos de sus pronunciamientos a través de un servicio público en línea, no constituye tarea de la jurisdicción constitucional buscar las resoluciones cuestionadas para otorgar una respuesta al justiciable.

Por el contrario, constituye obligación del demandante y, en todo caso, de su abogado acompañar una copia de las resoluciones que cuestionan por constituir esto una prueba indispensable para verificar la invocada afectación, detalló el máximo colegiado.

A criterio de este colegiado tal exigencia se aplica independientemente de que en un caso se haya podido revertir la omisión probatoria mencionada y se emita pronunciamiento.

Advierte sobre todo a los abogados litigantes, bajo sanción, la necesidad de cumplir con tal exigencia de adjuntar las resoluciones que se buscan cuestionar a través de los distintos procesos constitucionales.

El TC fijó la citada doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPC).

Doctrina que, según el mismo organismo constitucional, deberá aplicarse inclusive a los procesos judiciales en los que se encuentre por definir el cumplimiento de los presupuestos procesales para admitir a trámite la demanda.

Voto singular

Para el magistrado del TC Ernesto Blume Fortini el citado planteamiento de este colegiado desnaturaliza el sentido y los alcances del instituto de la doctrina jurisprudencial vinculante, constituyendo una marcha a contramano de los avances logrados respecto del mismo por el organismo constitucional. Considera, además, que desguarnece al justiciable, contradiciendo el rol tuitivo y reivindicador del TC consistente en ser el garante final de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, que hace a la esencia del Estado constitucional que se pretende construir en el Perú. Por consiguiente, votó en contra de la aprobación de dicha doctrina jurisprudencial.

Fuente: “El Peruano”, 22 de Setiembre de 2015