TC emite pronunciamiento sobre la competencia de los Gobiernos Regionales para regular transporte público

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia para el Expediente 0002-2013-PI/TC, en la cual se cuestionaba la constitucionalidad de la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRA/C, de fecha 27 de abril de 2012, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 09 de junio del 2012.

En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en calidad de demandante, sostiene que la ordenanza impugnada es inconstitucional en su totalidad porque afecta la competencia del Poder Ejecutivo de establecer las características técnicas que deben cumplir los vehículos para la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito regional, competencia que fue ejercida al establecer las condiciones técnicas mínimas exigidas en los artículos 30.3.1 y 20.3.2 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (disposiciones que a su vez fueron emitidas en uso de las potestades normativas reconocidas en los Art. 4, 5 y 7.1 de la Ley 29370, de Organización y Funciones del MTC). 

Asimismo, el demandante  refiere que la ordenanza vulnera los principios de cooperación y lealtad regional, pues a través de ella se contradice el ordenamiento legal establecido, así como  los principios de taxatividad y cláusula de residualidad, al habilitar un supuesto no previsto en la norma emitida por el órgano competente.

Por otra parte El Gobierno Regional de Ayacucho en Calidad de Demandado, señala que, la Norma en cuestión fue emitida para regular el vacío normativo que generó el decreto Supremo 017-2009-MTC al derogar el reglamento de la Ley 28972 (Decreto Supremo 029-20078-MTC (norma que facultaba a los gobiernos regionales otorgar permisos excepcionales a automóviles de la Categoría M1)  sin haber derogado expresamente dicha ley, por lo que, a fin de evitar mayor incertidumbre al momento de su aplicación y siendo consecuente con el espíritu de dicha norma, se emite dicha ordenanza Regional N° 010-2012-GRA/C.

Al respecto el Tribunal Constitucional señaló que de acuerdo al “test de Competencia”, se advierte que la Ordenanza Regional 010-2012-GRA/CR sí contraviene el principio de “Unidad del Ordenamiento jurídico” al tratarse de una norma con rango de ley contraria a la regulación nacional vigente en materia de transportes, desatendiendo su deber de lealtad nacional. Aunado a ello es de verificarse que no existe incertidumbre jurídica alguna en la aplicación de la Ley 28972, toda vez que esta no se encuentra derogada.