TC: Nueva línea jurisprudencial respecto al plazo razonable


Tras dejar de lado un anterior criterio jurisprudencial, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de precisar que el cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito.

Por tanto, esto último se comprenderá desde la investigación policial o fiscal; o desde el inicio del proceso judicial en los casos de delitos de acción privada por constituir el primer acto oficial en que la persona toma conocimiento del inicio de una persecusión penal en su contra.

Así lo estableció con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país el máximo colegiado constitucional del país mediante la STC Nº 0295-2012-PHC/TC.

En este contexto, el TC detalla que dicho momento inicial puede coincidir con la detención policial u otra medida restrictiva de derechos, pero que tales supuestos no constituyen requisito indispensable para habilitar el inicio del cómputo del plazo, al ser claro que aquel momento inicia con la indicación oficial del Estado a una persona como sujeto de persecución penal.

Pero, ¿cuándo finalizará dicho plazo?, pues para el TC corresponderá en el momento en que el órgano jurisdiccional expida la decisión definitiva que resuelve la situación jurídica de la persona. “Y este examen, a juicio del tribunal, se debe efectuar en relación con la duración total del proceso que se desarrolla contra la persona [análisis global] hasta que se dicte sentencia definitiva y firme que resuelva su situación jurídica, incluyendo los recursos previstos en la ley y que pudieran eventualmente presentarse”, añade.

El máximo colegiado también ha considerado conveniente precisar que la eventual constatación por parte de la judicatura constitucional de la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni debe significar el archivo definitivo o la conclusión del proceso judicial de que se trate, ya sea civil, penal o laboral, etcétera.

Por tanto, luego de entendidas las cosas, deberá procederse a la reparación in natura por la judicatura, esto es, emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible.

 

Inocencia o responsabilidad

Para el máximo tribunal, en un proceso penal no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o su archivo definitivo como si fuera equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático, el PJ deberá emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado y, por tanto, el fin del juicio. Además, el plazo más breve posible para resolver la situación jurídica del procesado será fijada según la circunstancia concreta de cada caso.

Fuente: “El Peruano”, 07 de junio de 2015.