Tribunal Constitucional emite un nuevo pronunciamiento respecto al plazo razonable

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia para el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por José Francisco Sánchez Sánchez, en razón a que el recurrente refiere que con fecha 26 de mayo de 1998 se formuló denuncia penal en su contra, iniciándosele el 8 de abril de 1998 un proceso penal por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión, colusión desleal y peculado. 

Mediante dictamen N.° 1595-007-5FSPL el Ministerio Público formalizó acusación en su contra el 20 de enero de 2009, para que la Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima expidiera el auto de enjuiciamiento por considerar haber mérito para pasar a juicio oral, llevándose a cabo dicha audiencia el 18 de marzo de 2009. Seguidamente el 20 de mayo de 2009, la Sala superior emitió sentencia condenatoria imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. Posteriormente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución de fecha 17 de junio de 2010 la cual declaró nula la sentencia precitada en el extremo de su condena y nulo el auto de enjuiciamiento, ordenando que se emita nueva acusación fiscal y se remita los actuados a otra Sala para que se realice nuevo juicio oral, Finalmente y contra lo dispuesto por la Corte Suprema, con Resolución de fecha 12 de octubre de 2010 la misma Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, se avocó nuevamente al conocimiento del proceso y remitió los actuados al Ministerio Público. Por lo que después de lo señalado anteriormente, el recurrente solicita al Tribunal Constitucional que se declare el sobreseimiento del proceso penal seguido en su contra.

Al Respecto el pronunciamiento del Tribunal fue el siguiente:

En el caso no existe vulneración del derecho a ser juzgado por un juez imparcial debido a que se establece una nueva conformación de los magistrados de  la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo integrada por  jueces que no conocieron anteriormente la causa del recurrente.

Asimismo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. El Tribunal constitucional ha señalado que sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales y c) la complejidad del asunto. En ese sentido, el cómputo del plazo para determinar la vulneración del derecho invocado debe realizarse a partir de la fecha en que se expidió el auto de apertura de instrucción; por lo tanto en el presente caso, entre la etapa de instrucción y la de juicio oral, ha demorado más de 11 años, sin que ello se deba a que la materia del proceso sea de naturaleza compleja o que el recurrente haya presentado una conducta dilatoria. Por lo tanto este Tribunal considera que la demora en el proceso penal cuestionado se habría originado inicialmente por parte del juez instructor, al no haber aplicado los apercibimientos de ley para la presentación de los documentos por parte de la entidad agraviada o la elaboración de los peritajes con lo que se configura una grave vulneración a la Garantía de “Plazo Razonable”.