Evaluaciones del desempeño de profesores solo aseguran meritocracia

El establecer como causal de retiro de la carrera pública magisterial la desaprobación de las evaluaciones de desempeño, hasta en tres oportunidades, no podrá ser considerado una vulneración al derecho a la estabilidad laboral.

 

El Tribunal Constitucional (TC) llegó a esta conclusión tras analizar el derecho a la estabilidad en el trabajo con el derecho a la educación, en la sentencia que constitucionaliza en parte la reforma de la Ley Nº 29944.

 

Educación de calidad

 

En efecto, a criterio del máximo intérprete de la Constitución, la ley es razonable y proporcional, por cuanto las evaluaciones de desempeño tienen por finalidad garantizar la idoneidad de los profesores, así como una educación de calidad para los alumnos de las instituciones educativas.

“Al profesor, además, se le concede hasta dos nuevas oportunidades, por cuanto, luego de desaprobar las evaluaciones, es capacitado para mejorar y permanecer en el empleo”, detalla la decisión del pleno jurisdiccional del TC contenida en los expedientes Nº 0021-2012-PI/TC, 0008-2013-PI/TC, 0009-2012-PI/TC, 0010-2013-PI/TC Y 0013-2013-PI/TC.

Por tanto, añade, al desaprobar una tercera evaluación significará que el profesor carece de capacidad para garantizar a los alumnos una educación de calidad. Al respecto, el laboralista Jorge Luis Acevedo Mercado, socio de Benites, Forno & Ugaz, coincidió con las conclusiones del fallo del TC.

“Sin embargo, es importante que estas evaluaciones de desempeño solo respondan a criterios técnicos adecuados para medir la capacidad e idoneidad de los profesores según su categoría, considerando que en el imaginario de los trabajadores públicos aún se les tiene presente la forma en que se desnaturalizaron las evaluaciones de desempeño en la década de 1990”, anotó.

Más obligaciones

El TC rechazó también que lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 29944, sobre las evaluaciones no previstas expresamente, pueda significar la vulneración de los derechos constitucionales, al no estar condicionan ni la promoción ni la permanencia del profesorado en este régimen.

No obstante, y en concordancia con lo dispuesto por el tribunal, el experto Acevedo Mercado recomendó que si se abusara de dicha facultad para establecer evaluaciones, los docentes podrían interponer las acciones de defensa que correspondan ante el Poder Judicial.

Sanciones y debido proceso

La Ley N° 29944 establece como sanciones la amonestación, suspensión hasta por 30 días, cese temporal y destitución, indicando que todas se imponen observando las garantías del debido proceso y específicamente las dos últimas previo procedimiento administrativo. Si bien de una lectura literal podría cuestionarse que la amonestación y suspensión de hasta 30 días podrían aplicarse sin procedimiento previo, Acevedo considera que el TC adopta un correcto criterio de interpretación al precisar que, incluso para imponer estas dos sanciones, se debe proporcionar a los profesores el derecho de defensa y al debido proceso.

El debido proceso es el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos, para que las personas se encuentren en condiciones de defender sus derechos.

Licencia

Las licencias sindicales con goce de haber fijadas en la Ley N° 29944 deberán interpretarse conforme al Convenio 151 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) , referido a las relaciones de trabajo en la administración pública. Por tanto, Acevedo Mercado considera importante que las normas reglamentarias de la citada ley regulen las licencias sindicales conforme al referido instrumento de la OIT.

Fuente: “El Peruano”, 28 de abril de 2015.