Jueces deben actuar con rigor en la aplicación de la presunción de laboralidad.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ha establecido que  cuando el juez detecte indicios de actividad independiente a cargo del trabajador, que alteren la aplicación del principio de presunción de laboralidad, deberá verificar la presencia de la prestación personal, remuneración y subordinación como presupuestos del contrato laboral.

 

De esta manera, la Corte Suprema, en la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 14440-2013-Lima, fijó una nueva directriz jurisprudencial para la constatación de las relaciones laborales, atendiendo a la nueva estructura del proceso judicial sobre la materia.

 

De acuerdo con el caso, el demandante argumentó la desnaturalización de los contratos de servicios no personales que suscribió con el demandado, y reclamó el pago de beneficios; para ello, alegó la concurrencia de los tres elementos básicos que determinan la existencia de un contrato de trabajo, como son la prestación personal, remuneración y subordinación. Por su parte, el demandado refirió que su contraparte fue contratada siempre de buena fe, en forma voluntaria, con la especificación de que ello no generaba relación laboral.

 

A criterio del supremo tribunal, si bien el demandante acredita la existencia de una prestación personal de servicios y que el juzgador debe presumir la concurrencia de remuneración y subordinación para la configuración de una relación laboral,  ello no implica una ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, toda vez que por lo menos éste debe aportar indicios racionales del carácter laboral de la relación.

 

En tal sentido,  la sala considera necesario que los magistrados procedan a exigir verdaderos indicios de laboralidad a los trabajadores que la invoquen, a fines de una adecuada aplicación del principio de presunción de laboralidad.

 

Para el caso concreto, se constató que hay indicios de la actividad autónoma y/o independiente desarrollada por el trabajador que alteran la aplicación del mencionado principio sobre laboralidad.

 

Fuente: “El Peruano”, 15 de octubre  2014