Caso Antauro Humala: TC declara improcedente solicitud de nulidad de condena del “Andahuaylazo” [Se adjunta sentencia]

El Tribunal Constitucional declaró improcedente por unanimidad el hábeas corpus presentado por la defensa de Antauro Humala Tasso, en el que solicitaba la nulidad de su condena de 19 años de prisión por el “Andahuaylazo”, suscitado en enero del 2005.

 

Como petitorio, la defensa de Humala alegaba la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal, de la que considera se desprendería la ejecutoria suprema del 23 de junio del 2011, mediante la cual se le condenó por 19 años de prisión efectiva por los hechos acaecidos en el 2005, en la región de Apurímac, bajo la calidad de autor de  los delitos de rebelión, de sustracción o arrebato de arma de fuego y de daño agravado en agravio del Estado, coautor del delito de homicidio simple en agravio de cuatro personas, y autor del delito de secuestro agravado en perjuicio de efectivos policiales y del Ejército. De este modo, la defensa considera los derechos —inicialmente mencionados— como vejados, por los siguientes argumentos:

 

i)                    No se le puede condenar por coautoría “en solitario” (sic) respecto del delito de homicidio, pues sus dos coencausados fueron absueltos del mismo delito; y

ii)                  Debió ser procesado únicamente por el delito de rebelión, pues el delito de secuestro se subsume en el delito de rebelión.

 

Para tal pretensión el máximo intérprete de la Constitución vuelve a recalcar que, al respecto, ya se había pronunciado en el STC Exp. N.° 02092-2012-HC/TC, publicada el 2 de julio de 2013, señalando que “el Tribunal Constitucional declaró infundada una anterior demanda de hábeas corpus puesta a favor de don Antauro Humala Tasso por los mismos hechos y contra mismos magistrados que han sido demandados en el presente proceso”, resaltando que “se presenta una demanda que en dicho extremo tiene el mismo objeto, la misma causa petendi y las mismas partes” [f. j . n.º 10]. Es por ello que el Tribunal declara improcedente la solitud, sustentándose (nuevamente) en que:

 

“[…] la interpretación de la ley penal, la subsunción de los supuestos de hecho en la respectiva ley penal, la calificación penal de una determinada conducta o la determinación de los niveles o tipos de participación penal son competencias exclusivas de los jueces penales, y no de la justicia constitucional, no evidenciándose en el presente caso una manifiesta vulneración de algún bien de naturaleza constitucional del demandante” [f. j. n.º 17]. [El resaltado es nuestro].

 

Además, precisa que:

 

“De la revisión de los cuestionamientos del demandante, no se aprecia ningún cuestionamiento sobre su responsabilidad penal por el delito de homicidio, sino más bien sobre el argumento de que, habiéndose absuelto a los únicos dos coencausados de su caso, los jueces penales emplazados no debieron calificar su participación penal como de coautor ‘en solitario’”. [El resaltado es nuestro].

 

Es importante resaltar que entre los fundamentos de voto figuran el de los magistrados Ernesto Jorge Blume Fortini y Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera. El primer magistrado reafirma la decisión de improcedencia, pero se aparta de lo determinado por el fundamento jurídico 17 ya que el Tribunal sí puede hacer una excepción, ya que “puede hacerlo en todos aquellos supuestos en los que se detecte un proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional o lesivo, vía amenaza o consumación, a los derechos fundamental”. Mientras que Espinosa-Saldaña fundamenta su decisión realizando el test de la triple identidad y asumiendo —los anteriores pronunciamientos del Tribunal—en cuanto a la “determinación de la responsabilidad penal, la valoración o calificación de algunos hechos como delictivos; el establecimiento del quantum de la pena; y la imposición de reparaciones pecuniarias, son asuntos de competencia exclusiva de la judicatura ordinaria, en la que no debe inmiscuirse la judicatura constitucional; salvo que pueda constatarse que existe un grave vicio justificatorio que corresponda ser reparado en esta sede.”

Para acceder a la garantía constitucional, ingresar al siguiente enlace: <bit.ly/2a3pLMD>.

 

Fotografía tomada del portal web de Rpp Noticias.



Fuente:
Tribunal Constitucional, Expediente N.º 05113-2015-PHC/TC Lima, Lima: 24 de junio del 2016 [Publicado el 20 de julio del 2016]. Recuperado de  <bit.ly/2a3pLMD>.