Corte Suprema de Justicia establece parámetros respecto a la Motivación de Resoluciones que disponen declarar Infundada la Entrega de vehículos incautados

Se establece como doctrina jurisprudencial que los vehículos incautados quedan bajo custodia de la Administración Aduanera por disposición del Fiscal, confirmado  por el Juez de la Investigación Preparatoria, hasta  que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria  o absolutoria proveniente de resolución firme que ordene su decomiso o disponga su devolución; siendo el Juez el único facultado para reexaminar y disponer de la devolución del bien;  de acuerdo a cada caso concreto.

La Corte Suprema de Justicia, a fin de establecer si los vehículos incautados se deben quedar bajo custodia de la Administración Aduanera hasta que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria  o absolutoria proveniente de resolución firme que ordene su  decomiso o disponga su devolución; y por tanto sea el Juez quien reexamine y disponga la devolución del bien.

Al respecto, es del caso anotar que el artículo décimo tercero de la Ley de Delitos Aduaneros señala  que: “El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, los que serán custodiados  por la administración aduanera en tanto se expida el auto  de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria,  proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso  o disponga su devolución al propietario (…)”. Esto es,  el referido artículo regula la incautación y secuestro de  aquellos bienes que constituyan objeto de delito, y el  procedimiento respecto a la custodia del mismo por parte  de la administración aduanera, así como la posibilidad de  su decomiso o devolución, luego de emitida una resolución  firme en cada caso concreto.

De otro lado, la Corte Suprema analiza los artículos procesales relacionados con el norma anterior, como son el artículo doscientos veintidós del Código Procesal Penal, que señala: “El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito (…)”.

Este artículo prevé que tanto el Fiscal como la Policía tienen la facultad de devolver los objetos incautados a los agraviados, terceros o incluso al propio imputado, si no tuviera relación con el delito, disposición que debe ser puesta obligatoriamente en conocimiento al Juez de la Investigación Preparatoria; lo acotado guarda concordancia con lo previsto en la parte in fine del segundo numeral del artículo doscientos dieciocho del mismo cuerpo legal que precisa que en todos los casos -relativo a la incautación sin pedido expresó al Juez cuando existe flagrancia o peligro inminente de la perpetración de un ilícito- el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la Investigación Preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria.

En ese sentido, se tiene que ambas normas  precitadas, colisionan entre sí, pues mientras el primer  enunciado estrictamente requiere que se haya emitido  una resolución firme, ya sea de sobreseimiento, sentencia  absolutoria o condenatoria, para que se determine la  suerte del bien incautado -sea una orden de decomiso o la devolución del mismo-; el segundo enunciado se refiere a la facultad de devolver el bien, cuando ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del Juez de la Investigación preparatoria, empero, tiene concordancia con el artículo doscientos dieciocho del Código Procesal Penal; existiendo un evidente conflicto normativo pues ambas regulan simultáneamente el mismo supuesto de hecho, razón por la cual esta Suprema Instancia, mediante la Casación número trescientos cuarenta y dos – dos mil once, estableció: “En atención al principio de especialidad, debemos precisar que si bien, bajo dicho principio, la norma especial prima sobre la norma general; también lo es que respecto a estas dos normas que colisionan, materia del presente recurso casatorio, se advierte que la Ley número veintiocho mil ocho se limita a señalar la facultad del Fiscal respecto a la incautación y secuestro de bienes, y la disposición de que sea la administración aduanera quien lo custodie; sin embargo, no establece un procedimiento específico, en tanto resulta cierto que es el Ministerio Público titular de la acción penal, quien tiene la carga de la prueba y asume la conducción de la investigación desde su inicio, conforme así lo prevé el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal; no obstante, debe tenerse en cuenta que este nuevo modelo procesal reforzó la función investigadora del Ministerio Público, también lo es que, en forma similar ha dotado al juzgador de efectivos poderes de control de la etapa de investigación, entre otros, la vigilancia a la Policía Nacional y el Fiscal para que cumplan con garantizar los derechos de las personas comprendidas en una investigación; como así lo establece el artículo V del Título Preliminar del Código acotado que expresa que al órgano jurisdiccional no sólo le corresponde la dirección de la etapa intermedia y de juzgamiento, sino emita resoluciones previstas en la ley.”

Concluyendo, que el artículo trece de la Ley número veintiocho mil ocho, no abarcaba todo el procedimiento a seguir como consecuencia de la incautación de bienes objeto de delitos, ni hacía referencia sobre la responsabilidad que tiene el juzgador de confirmar la incautación que en un inicio dispuso el representante del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo doscientos dieciocho del Código Procesal Penal.

Finalmente, se tiene que los vehículos incautados si bien quedan bajo custodia de la Administración Aduanera por disposición del Fiscal, ello debe ser así hasta que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme que ordene su decomiso o disponga su devolución; limitándose la función de dicha entidad a la “custodia del bien”, no siendo éste quien determine el futuro del bien incautado; sino es el Juez quien reexamina y dispone la devolución del bien, quedando esto como doctrina jurisprudencial.