El tipo penal de peculado hace referencia a un funcionario público no in abstracto, sino contextualizado a un segmento concreto de la función pública “por razón de su cargo”

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha publicado el día 16 de agosto del 2016,  el Recurso de Nulidad que declara la nulidad de la sentencia del 8 de enero del 2015, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó al expresidente Alberto Fujimori Fujimori por el delito de peculado doloso en el caso Diarios Chicha.

Según la resolución judicial, el delito de peculado doloso hace referencia a un funcionario contextualizado a un segmento concreto de la administración pública y no a uno “abstracto”. Al no haberse acreditado una relación funcional específica entre Alberto Fujimori y los bienes públicos objeto del delito, sostiene la Corte Suprema, no se ha configurado el delito de peculado doloso.

Finalmente, la Corte Suprema ordenó la anulación inmediata de los antecedentes penales a Alberto Fujimori Fujimori por este caso y devolvió el expediente a la Cuarta Sala Penal Liquidadora.

Por lo que se considera de relevancia los siguientes fundamentos jurídicos:

 

3.2. De la no configuración de los presupuestos típicos del delito de peculado atribuido al encausado Fujimori Fujimori

Como ha quedado establecido, para atribuir responsabilidad penal de peculado a un funcionario o servidor público penal de peculado a un funcionario o servidor público se tiene que demostrar su vinculación funcional “por razón de su cago” respecto a la administración o custodia de los caudales públicos. Este componente normativo de la vinculación funcional tiene que ser verificado en el sector parcial social donde se desenvuelve la conducta del autor por las normas que se regulan en dicho segmento – ley de la materia, ROF, MOF, etc. -; en otras palabras, el tipo normativo de peculado hace referencia claramente a un funcionario público no in abstracto, sino contextualizado a un segmento concreto de la función público “por razón de su cargo”, es decir para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar; los bienes objeto del delito deben encontrarse en posesión del sujeto activo, en virtud a los deberes o atribuciones de su cargo. Por lo tanto, si dicha vinculación funcional de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe, no podrá hablarse del delito de peculado.

[…]

Bajo esta línea de análisis, si bien la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional establece que el Servicio de Inteligencia Nacional depende directamente del Presidente de la República y le corresponde cumplir aquellas funciones compatibles con su naturaleza, sin embargo esta facultad también es genérica, representativa y nada informa respecto al vinculo funcional de administración y custodia de los fondos públicos del SIN.

 

Por el contrario, de la referida ley [Decreto Ley Nº 25635] se desprende que el jefe del SIN es la máxima autoridad del Sistema de Inteligencia Nacional, encargado de dirigir y representarlo. Además, como Órgano Central del Sistema de Inteligencia Nacional constituye un sector presupuestario, cuyo titular del pliego es el jefe de Servicio de Inteligencia, más aún si éste aprueba el presupuesto del sector.

 

En este sentido, el Reglamento de Organización y Funciones-ROF, determina específicamente a la Oficina Técnica de Administración como el órgano competente para la ejecución presupuestal, además de conducir la contabilidad y tesorería del SIN. Asimismo, establece dentro de sus funciones intervenir en el proceso de formulación del presupuesto del SIN y programar, dirigir, coordinar y controlar los pagos del SIN.

 

Fuente:

Sala Penal Permanente (ponente: Sr. Juez Josué Pariona Pastrana), Recurso de Nulidad N.º 615-2015-Lima, Lima: 16 de agosto del 2016.  Recuperado de <bit.ly/2bw6jaC>.