Abstención fiscal no afecta motivación de resoluciones

En el marco de un proceso penal común, la abstención del fiscal superior de emitir pronunciamiento, cuando acude a una audiencia de apelación de autos a consecuencia de un recurso interpuesto por otra parte, no afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Esto en razón a que de conformidad con el numeral 5 del artículo 420 del nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la concurrencia de las partes a esa audiencia es optativa.

Así lo estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema como desarrollo jurisprudencial mediante la sentencia correspondiente a la Casación N° 475-2013 Tacna, por la cual se declaró infundado dicho recurso.

Lineamientos

A criterio del supremo tribunal, tal abstención no afecta el mencionado derecho, más aún si la Directiva N° 005-2012-MP-FN, referida a casos que se tramitan con el NCPP, establece que respecto a la interposición de los recursos de apelación por otros sujetos procesales, el fiscal superior no está obligado a pronunciarse por escrito ni a concurrir a las audiencias que se generen a consecuencia de la presentación de estos medios impugnatorios.

El colegiado considera, además, que si bien se exige a los fiscales una motivación adecuada y coherente de sus pronunciamientos, dicha norma no es aplicable cuando –en este caso– la actuación procesal no se circunscribe a una petición formulada por el fiscal superior, sino a una ratificación de un pedido de requerimiento de sobreseimiento solicitado por el fiscal provincial a causa de su abstención de pronunciamiento.

Detalla, a su vez, que los representantes del Ministerio Público (MP) se rigen por el principio de independencia, adecuando sus actos a criterios objetivos sustentados en la Constitución y la ley, pero también a otros principios rectores, como la unidad de actuación, que procura que las políticas de persecución penal sean uniformes, y la jerarquía, que implica la sujeción a las instrucciones que impartan los superiores.

A juicio de la sala suprema, estos principios tratan de dotar de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones constitucionales fijadas en el artículo 159 de la Constitución, a fin de establecer una coordinación conjunta entre los fiscales de los distintos niveles en atención a la política de persecución criminal.


Fuente: “El Peruano”, 12 de Setiembre de 2015.