Aprueban nuevo “Reglamento de Cobranza de Multas Impuestas por el Poder Judicial”

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Res. Adm. N.º 059-2016-CE-PJ, publicada hoy en el diario El Peruano (http://bit.ly/1RkPBwr), ha dispuesto la aprobación de un nuevo “Reglamento de Cobranza de Multas Impuestas  por  el  Poder  Judicial”, la misma que modificará el anterior reglamento, aprobado por Res. Adm. N.º 177-2014-CE-PJ. Del mismo modo, la resolución aprueba el “Procedimiento de Cobranza de Multas Impuestas por el Poder Judicial”, la cual modificará el anterior procedimiento, aprobado por Res. Adm. N.º 178-2014-CE-PJ.

La razón de estas modificaciones se debe a la Ley N.º 30293, la misma que modificó, en diciembre de 2014, el artículo 423 del Código Procesal Civil (CPC), otorgando facultades coactivas a la oficina encargada de la cobranza de las multas impuestas por el Poder Judicial (la Secretaría de Cobranza de Multas – SECOM).

La resolución señala que el objetivo de la Ley N.º 30293 es dotar al Poder Judicial de un mecanismo adecuado a fin de hacer efectivas las resoluciones de multas expedidas  por  los  Jueces,  logrando  que  –al  igual que otras entidades públicas– el Poder Judicial cuente con un órgano especializado que le permita ejercer la función de autotutela en la ejecución de sus propias resoluciones para el cobro de las multas impagas.

Además, la resolución precisa que los citados documentos normativos entrarán en vigencia en los diferentes distritos judiciales a nivel nacional, una vez aprobado el “Plan de Implementación para la Cobranza Coactiva de Multas Impuestas por el Poder Judicial”, que deberán presentar la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la  fecha de la presente resolución administrativa.

Cabe recordar que la multa es la sanción pecuniaria impuesta por el juez a las partes y/o terceros involucrados en un proceso judicial, con la finalidad de conservar una conducta procesal de respeto a la actividad judicial. Dichas facultades disciplinarias y coercitivas conferidas al magistrado, tiene amparo legal en los artículos 52° y 53° del CPC. Además, la regulación de la multas se encuentra prevista en el título XVI, de la sección tercera del CPC.

Foto tomada de www.guadanwes.es