Decreto Legislativo modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer la pena de inhabilitación principal para los delitos contra la Administración Pública

Fuente: diariocorreo.pe

Mediante Decreto Legislativo N.° 1243, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de octubre del 2016, modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración Pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

Considerando que la Ley N.° 30506 que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar “en materia de lucha contra la corrupción a fin de aprobar medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos”.

Asimismo, y atendiendo a las diversas medidas del Estado dirigidas a promover la lucha contra la corrupción, se torna necesario la modificación del Código Penal respecto a la duración de la inhabilitación principal con la finalidad de “restringir de manera más efectiva la posibilidad de acceder o de reincorporarse a la función o servicio público a quienes hubieren sido condenados por delitos contra la Administración Pública tipificados en la Sección II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII de dicha norma”.

Por todo lo anterior, se decide la modificación de los artículos 38 (Duración de la inhabilitación principal), 69 (Rehabilitación automática), 382 (Concusión), 383 (Cobro indebido), 384 (Colusión simple y agravada), 387 (peculado doloso y culposo), 388 (Peculado de uso), 389 (Malversación), 393-A (soborno internacional pasivo), 397 (Cohecho activo genérico), 397-A (Cohecho activo transnacional), 398 (Cohecho activo específico), 400 (Tráfico de influencias), 401 (Enriquecimiento ilícito) y 426 (Inhabilitación) del Código Penal. Las modificaciones a destacar son las siguientes:

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal

La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36.

La pena de inhabilitación  principal  se  extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400   y 401. En estos supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias.”

Artículo 69. Rehabilitación automática

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite.

La rehabilitación produce los efectos siguientes:

  1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó; y,
  2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

Tratándose de pena privativa de libertad  impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva.

La rehabilitación automática no  opera  cuando  se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de delitos contra la Administración Pública, en cuyo caso la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de transcurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal.” […]

“Artículo 426. Inhabilitación

Los delitos previstos en los Capítulos II y III de este Título, que no contemplan la pena de inhabilitación, son sancionados, además,  conforme  a  los  incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 36, según corresponda, y el artículo 38.”

Asimismo, se incorpora el Capítulo Sexto al Título II del Código de Ejecución Penal:

“CAPÍTULO SEXTO

REVISIÓN DE LA CONDENA DE INHABILITACIÓN PERPETUA

Artículo 59-B. Procedimiento

  1. La condena de inhabilitación perpetua es revisada, de oficio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que impuso la condena, cuando el condenado cumpla veinte años de pena de inhabilitación.
  2. El condenado es declarado  rehabilitado  cuando se verifique que no cuenta con antecedentes penales  por delitos cometidos durante la ejecución de la pena    de inhabilitación, que no tenga proceso pendiente  a  nivel nacional y que no se encuentre registrado en el Registro Nacional de Deudores de Reparaciones  Civiles – REDERECI.
  3. Realizada la solicitud de rehabilitación, se corre traslado de todas las actuaciones al Ministerio Público y a la parte civil, para que en el plazo de cinco días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.
  4. En audiencia privada, que se inicia dentro de los diez días siguientes de cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se verifican los requisitos señalados en el inciso 1, se actúan las pruebas ofrecidas, se examina al condenado y se pueden formular alegatos orales. La resolución que corresponda es dictada al término de la audiencia o dentro de los tres días siguientes.
  5. El órgano jurisdiccional resuelve manteniendo la condena de inhabilitación o declarando rehabilitado al condenado, conforme al artículo 69 del Código Penal.
  6. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede recurso impugnatorio ante el superior jerárquico, dentro de los tres días. El expediente se eleva de inmediato y  se corre vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen fiscal se emite dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dicta en igual plazo.
  7. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se realiza una nueva revisión, a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento.”

Finalmente, se dispone la creación del Registro único de condenados inhabilitados por delitos contra la Administración Pública:

“Créase el Registro Único de Condenados Inhabilitados, por los delitos tipificados en las Secciones I, II, III y IV del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal, a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil –SERVIR-, en el que se registra la información de las personas que cuentan con sentencia condenatoria que los inhabilita por la comisión de alguno de los delitos antes referidos.

Dicho Registro será público. Las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor deberán consultar obligatoriamente este Registro antes de decidir el nombramiento, bajo responsabilidad. […]”

Fuente:

DIARIO OFICIAL EL PERUANO, Decreto Legislativo N.° 1243 que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración Pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, Lima 22 de octubre del 2016 (publicado en El Peruano: 22 de octubre del 2016). Recuperado de < http://bit.ly/2etNzZX >.