SBS regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF- Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de terroristas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo centralizado con “autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas”, según se establece en la Ley N.º 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú.

En dicha ley de creación, también se precisó las funciones que competen a dicho organismo, tales como:

"1. Solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar (Art. 8 de la Ley N.º 27693).

2. Solicitar la ampliación de la información proporcionada por los sujetos obligados, con el sustento debido. Recibir y analizar los Registros de Transacciones.

3. Está facultado para solicitar a las personas obligadas por la Ley N.º 27693, la información que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de dinero o de activos.

4. Es responsable de comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de dinero o de activos para que proceda de acuerdo a ley".


Sin embargo, estas funciones fueron modificadas mediante la primera disposición complementaria que dicta el Decreto Legislativo N.º 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, mediante el cual se establece la modificación del artículo 3 de la ley de creación de dicha entidad, estableciéndose el siguiente texto:

Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú

La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin excepción ni reserva alguna, y a todas las personas naturales o jurídicas privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para lo establecer un procedimiento especial que resguarde dicha información.

En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base de datos, información será proporcionada a través de enlace electrónico. No puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, bajo responsabilidad.

2. Inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que éstos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente Ley.

3. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados a informar por la Ley Nº 29038 y sus organismos supervisores, o las que detecte de la información contenida en las bases de datos a las que tiene acceso.

4. Recibir y analizar los Registros de Operaciones a que hace referencia el artículo 9º o cualquier información relacionada a éstos, los cuales deberán ser entregados obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF-Perú por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca.

5. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley. Su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el Fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal.

6. Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales y/o solicitar, recibir, analizar y compartir información, a solicitud de autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en casos que se presuman vinculados a actividades de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las acciones correspondientes en el ámbito nacional.

7. Participar en el ámbito de su competencia en investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar la comisión de ilícitos penales que tienen la característica de delito precedente del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.

8. Prestar la asistencia técnica que les sea requerida, cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.

9. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones, así como emitir modelos de Códigos de Conducta, Manual de Prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, Formato de Registro de Operaciones, entre otros, conforme a los alcances de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de la Superintendencia del Mercado de Valores, la función de regulación corresponderá a estas entidades y se ejercerá en coordinación con la UIF-Perú.

10. Supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, a aquellos sujetos obligados que carecen de organismo supervisor.

11. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. En estos casos, se deberá dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación”.


A estos once numerales la Ley N.º 30437 —Ley que Modifica el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo— ampliaría el rango de sus funciones  de este organismo con la incorporación del numeral 12 que dicta:

“12. Disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en:

a) Las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboradas de conformidad con sus resoluciones en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo.

 b) Las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboradas de conformidad con sus resoluciones en materia de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En estos casos, la UIF-Perú debe dar cuenta de la medida impuesta al juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas quien, en el mismo término, podrá convalidarla o disponer su inmediata revocación, debiendo verificar los términos establecidos en la presente norma.

El juez, a solicitud del interesado, puede autorizar el acceso a fondos o activos, bienes o demás recursos económicos, para solventar gastos básicos o extraordinarios de acuerdo a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

 

Por lo que sería de trascendencia este numeral incorporado en cuanto al congelamiento administrativo de dichos fondos o activos que tengan como titulares a personas naturales o jurídicas vinculadas al terrorismo y al financiamiento de dicho delito, además de los involucrados a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debiéndose ser notificada en un plazo de 24 horas de ejecutada la medida al Ministerio Público, a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos por Terrorismo y al juez quien podrá convalidar o revocar dicha medida. Esta última implementación ha sido complementada por la Resolución SBS N.º 3862-2016 publicada en El Peruano el 16 de julio del presente año establece, el cual además, dispone el procedimiento para el congelamiento administrativo de dichos fondos mencionados en los siguientes casos:

  • Procedimiento para el congelamiento administrativo de los fondos u otros activos de las personas o entidades designadas vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, conforme a la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Resoluciones que la sucedan (arts. 3 al 7 de la Res. SBS N.º 3862-2016).
  • Procedimiento para el congelamiento administrativo de los fondos u otros activos de las personas o entidades, conforme a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (arts. 8 al 11 de la Res. SBS N.º 3862-2016).

Sin embargo, es importante precisar que tendrán únicamente acceso a dichos fondos solo “para solventar gastos básicos o extraordinarios, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones del CSNU [Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas]”, solicitándose ante el juez el acceso a ellos.

Fotografías tomada del portal web de Radio Nacional.


Fuente:

Congreso de la República, Ley N.º 27693: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú, Lima: 21 de marzo del 2002 [Publicado en EL Peruano: 12 de abril del 2002]. Recuperado de <bit.ly/29Rs184>.

Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N.º 1106: Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, Lima: 18 de abril del 2012 [Publicado en El Peruano: 19 de abril del 2012]. Recuperado de <bit.ly/29YGyAe>.

“SBS dispone congelar cuentas de terroristas”, en El Peruano, Lima: 17 de julio del 2016. Recuperado de <bit.ly/2a89A2q>.

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
, Resolución SBS N.º 3862-2016: Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones, Lima: 13 de julio del 2016 [Publicado en El Peruano: 16 de julio del 2016]. Recuperado de <bit.ly/29PAgVZ>.