D. Leg. N.° 1299: Decreto Legislativo que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la Ley penal al Minjus

Fuente: www.defensayjusticia.gob.ec

Mediante D. Leg. N.° 1299, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre del 2016, se transfiere el “Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (SINARSAC)”, bajo dirección del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En concordancia con la Ley N.° 30506, el Poder Ejecutivo posee las facultades para legislar y, en consecuencia, para “modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal […]”.

Cabe resaltar que mediante D. Leg. N.° 866, se transfirió a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, funciones dirigidas a “la rehabilitación para la reinserción en la sociedad de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal”. Asimismo, a través de Resolución Administrativa se elaboró y aprobó el “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal”.

Considerando lo anterior, resulta idóneo el traslado del “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal”, dirigido por el Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el fin de fortalecer “una política efectiva de reinserción del adolescente infractor a través de la mejora de los niveles de tratamiento, de la atención especializada y de la mejor ejecución de las medidas socioeducativas”.

En conclusión se dispone:

‘DECRETO LEGISLATIVO QUE TRANSFIERE EL SISTEMA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Artículo 1. Objeto

La propuesta normativa tiene como objeto transferir el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal –SINARSAC, que se encuentra actualmente a cargo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2. Transferencia de Centros Juveniles y órganos desconcentrados

Transfiérase  la  Gerencia  de  Centros   Juveniles  del Poder Judicial y sus Órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Poder Judicial transfiere el acervo documentario,  el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos presupuestarios y el personal, conservando su régimen laboral, que corresponda a la Gerencia General de Centros  Juveniles,  así  como  los  Centros  Juveniles   de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional y los Servicios de Orientación al Adolescente.

La transferencia comprende, asimismo, el presupuesto de la Gerencia General de Centros Juveniles asignado a través de la Ley Anual de Presupuesto; así como otros recursos adquiridos por Cooperación Internacional, por donaciones y otras fuentes, de ser el caso.

La transferencia de recursos a que se refiere el presente artículo se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de este último.

Artículo 3. Conformación de la Comisión Técnica encargada del Proceso de Transferencia del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal

  1. Dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma, se constituye la  Comisión  Técnica  encargada de la conducción del proceso de transferencia integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Poder Judicial
  2. Los representantes de la Comisión Técnica de transferencia son los responsables de programar, implementar y dar seguimiento al proceso de transferencia, cuyas conclusiones y acuerdos son recogidos en actas y al término del plazo de su designación remiten el informe detallado de acciones desarrolladas durante el proceso de transferencia.
  3. El proceso de transferencia se realiza en  un  plazo máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días hábiles, contados a partir de la instalación de la comisión respectiva.

[…]

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación de los artículos 4 y 7 de la Ley N.° 29809, Ley de Organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Modifícanse los artículos 4 y 7 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los siguientes términos:

‘Artículo 4. Ámbito de competencia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad competente en las siguientes materias:

  1. Derechos Humanos.
  2. Defensa jurídica del Estado.
  3. Acceso a la justicia.
  4. Política Penitenciaria.
  5. Regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones..
  6. Defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
  7. Relación del Estado con entidades confesionales.
  8. Reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal’

‘Artículo 7. Funciones Específicas

Son funciones específicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

  1. Asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión sobre proyectos normativos.
  2. Promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales.
  3. Promover el respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, así como elaborar planes nacionales en dicho ámbito.
  4. Formular las políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, a través de los servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y los medios alternativos de solución de conflictos.
  5. Orientar y contribuir con el establecimiento de la política criminal y formular la política penitenciaria del Estado, así como implementar la política de reinserción social de las y los adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
  6. f) Promover una recta, pronta y eficaz administración de  justicia.   Para   tal   efecto,   mantiene   relaciones   de cooperación y coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura; así como con las demás entidades y organizaciones vinculadas al sistema de administración de justicia.
  7. Ejercer la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
  8. Ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a que se refiere la Ley 29733.
  9. Establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo.
  10. Sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial.
  11. Hacer uso de los mecanismos constitucionales correspondientes cuando se identifique violación del ordenamiento jurídico.
  12. Estudiar y proponer la dación y reforma de la legislación.
  13. Supervisar el funcionamiento de las fundaciones, la función notarial, las políticas en materia registral y el Servicio Civil de Graduandos - SECIGRA Derecho.
  14. Intervenir, conforme a las normas de la materia,  en los procedimientos de extradición y otros actos de cooperación judicial internacional.
  15. Evaluar las solicitudes en materia de indultos, conmutación de penas y derecho de gracia a internos procesados.
  16. Mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con las entidades religiosas, conforme a la ley de la materia.
  17. Diseñar, establecer, ejecutar y supervisar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.
  18. Otras que se establezcan por ley’.

Segunda. Modificación del artículo 4 de la Ley N.° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal

Modifícase el inciso 4 del artículo 4 de la Ley N.° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, en los siguientes términos:

‘Artículo 4. Mandatos y atribuciones

El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria tiene los siguientes mandatos y atribuciones:

  1. Estudiar el fenómeno criminal del Perú y elaborar el Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión.
  2. Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del Programa Nacional de Política Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y   los factores que inciden en su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal.
  3. Formular políticas y directrices  criminológicas  que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social,    y, en particular, por  aquellas  que  de  manera  directa  se vinculan a la prevención, investigación  y represión  del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas      y medidas de seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo.
  4. Realizar evaluaciones periódicas del sistema penal, así  como  del  Sistema  Nacional  de  Reinserción  Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal y de las instituciones que lo componen para proponer su adecuación a los objetivos del Programa Nacional de Política Criminal.
  5. Establecer, junto  con  las  diversas  instancias  y sectores involucrados, indicadores verificables con relación a la prevención y sanción de la criminalidad.
  6. Contribuir con las autoridades regionales y locales en la elaboración de planes de política criminal.
  7. Participar en los congresos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales, sobre prevención del crimen y justicia penal.
  8. Evaluar el grado de cumplimiento del Estado peruano de los compromisos establecidos por los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal, y, de ser el caso, coordinar las acciones que sean necesarias para su total adecuación.
  9. Elaborar propuestas legislativas vinculadas con el sistema penal y de control social en general para que,     a través de los procedimientos constitucionales, sean debatidas y aprobadas en el Congreso de la República.
  10. Emitir, a través de la Secretaría Técnica, informes técnicos no vinculantes sobre toda propuesta legislativa en materia de justicia penal, ejecución penal y sistema penitenciario con el fi n de analizar su grado de adecuación al Programa Nacional de Política Criminal.
  11. Emitir informes anuales en los que se analice el avance y la eficacia de las políticas y  directrices aprobadas y sustentarlos ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. En dicha sesión se debatirá el informe y se realizarán las preguntas aclaratorias necesarias. El informe anual será sustentado ante el pleno del Congreso de la República en la primera sesión  posterior a la sustentación a la que se contrae el párrafo anterior.
  12. Suscribir y ejecutar convenios con universidades e instituciones, nacionales e internacionales, para estimular y promover la investigación de estudios criminológicos que sirvan de sustento a la labor del Consejo Nacional de Política Criminal.
  13. Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias relacionadas con el Programa Nacional de Política Criminal.
  14. Otras que por ley se establezcan.’”

Fuente:

Poder Ejecutivo, D. Leg. 1299: Decreto Legislativo que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima: 30 de diciembre del 2016. Recuperado de <bit.ly/2hO5kqk>.