Contraloría presenta proyecto para fortalecer control previo en contratos de APP

El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, sostuvo una reunión con el presidente del Congreso, Luis Iberico, a quien explicó el alcance de los dos proyectos de ley anticorrupción que acaba de presentar y que, sumados a los ya presentados, contribuirán de manera más efectiva a la lucha contra la corrupción.

Una de las nuevas iniciativas legislativas propone que las Adendas de modificación de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) cuenten con un informe previo de la Contraloría General de la República con el propósito de que los potenciales problemas puedan ser detectados y corregidos oportunamente.

Las Adendas suelen demandar montos adicionales de inversión que podrían ocasionar inconvenientes en el financiamiento del proyecto y en su operatividad, situación que podría generar un desequilibrio financiero y en el peor de los casos, representar un problema para la culminación de la obra.

La inversión de las concesiones IIRSA (Carretera Interoceánica) por ejemplo, se incrementó en casi 100% en comparación a la inversión estimada inicial, firmándose en estos proyectos 34 adendas. La inversión inicial estimada fue de US$ 1536.6 millones, comparado (con Adendas) con el actual compromiso de inversión de US$ 2983.5.

Actualmente, la Contraloría General está auditando ocho adendas a IIRSA Sur- Tramo 2, siendo el monto fiscalizado S/. 1,179 millones.

La Contraloría General ha propuesto plantear la exigencia de un informe previo antes de la firma de las adendas de las APP, luego que realizara un “Estudio sobre las causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Público – Privadas en el Perú” donde se analizaron diez contratos de concesión suscritos (del 2000 al 2013) correspondientes a los sectores económicos: transportes, saneamiento, generación y transmisión eléctrica y agrícola.

El contralor Khoury también ha insistido en la necesidad de que el Congreso priorice los seis proyectos de ley presentados desde el 2011, algunos de los cuales ya se encuentran en agenda para pasar al Pleno del Congreso.

Las iniciativas legislativas están orientadas a:

1. La intervención administrativa de la Contraloría General en las entidades con riesgo de corrupción en cautela del adecuado uso de los recursos públicos.

2. Incorporar a las autoridades de elección popular en la potestad sancionadora de la Contraloría General por responsabilidad administrativa funcional.

3. Dar un marco regulatorio integral a la ejecución de obras por administración directa.

4. Asegurar el ejercicio del control gubernamental en las contrataciones a través de los Organismos Internacionales.

5. Otorgar a la Contraloría General la facultad de inmovilizar la documentación que sustenta las transacciones de las entidades públicas para el normal desarrollo de las auditorías.

6. Disminuir la exigencia de la conciliación a nivel jurisdiccional en aquellos procesos civiles (indemnización) iniciados por la Contraloría General.

Fuente: Gestión, 07 de agosto de 2015