Personas con discapacidad mental perderían derechos para poder cobrar pensión

A los 31 años de edad, Karín Liza se desenvuelve como asistente administrativa en una empresa en el distrito de San Isidro. Al final de cada mes, como a todos los demás trabajadores, se le deposita un sueldo. Pero si a Karín se le antoja sacar una tarjeta de crédito para pagarse algún capricho, no puede. Tampoco puede firmar un contrato, votar en elecciones ni casarse. 
La razón: Karín Liza vive con el síndrome de Down.
Esta joven, durante su niñez, fue interdictada para ser declarada incapaz ante un juez. En cristiano: renunció a estos derechos para poder recibir una pensión por orfandad por medio de una curadora (representante). 
Una decisión de la que su madre y a la vez curadora, Consuelo Gutierrez, se arrepiente.
Al igual que Karín Liza, miles de personas con discapacidad mental se tendrán que someter a este mismo régimen si es que desean acceder a la Pensión por Discapacidad Severa que anunció el presidente Ollanta Humala durante su discurso en el Congreso de la República, el 28 de julio. 
La pensión está destinada a personas con discapacidad, pero, a diferencia de Karín Liza, que vivan en situación de extrema pobreza. El programa asistencial se iniciará este mes en Tumbes y beneficiará a 231 peruanos en aquella región, anunció días atrás el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños.

Por 150 soles al mes

Este grupo humano (personas con discapacidad física severa y mental) recibirá cada mes 150 soles que se acumularán y se entregarán cada cuatro meses en el Banco de la Nación, para evitar al Estado gastos operativos.
Se espera que, para el próximo año, 4 mil 449 personas con discapacidad severa de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica accedan a esta pensión.
No podrán beneficiarse peruanos que cuenten con algún ingreso económico o pensión contributiva. La base de datos de las personas con discapacidad en el territorio nacional así como la emisión de los correspondientes certificados médicos corren por cuenta del Ministerio de Salud (Minsa).
Pero en este punto algo llama la atención. "En el caso de discapacidad mental, la ley establece, hasta ahora, que el único mecanismo para poder cobrar la pensión es por medio del curador (interdictar al discapacitado) y hay que pedirlo ante un juez de paz. Ese es un tema que escapa al Ejecutivo e involucra al Poder Judicial", aclara el viceministro Bolaños.

Presión internacional

A partir de este punto parece que existe entonces una contradicción. Veamos por qué.
En el 2008, el Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Organización de Naciones Unidas (CDPD), y al ser un tratado de carácter internacional, lo que indique se vuelve obligatorio de cumplir por el Estado.
"Allí se hace el reconocimiento y la presunción de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y la eliminación de la interdicción", resalta Silvana Queija, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis).
Luego, en 2013, se aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la que se hace hincapié a la derogación de la interdicción.
"Por lo tanto, esta práctica (la interdicción) ya debería estar eliminada de nuestra legislación de acuerdo con la normativa internacional", añade Queija. La pregunta es por qué el Estado se empecina en un mecanismo cuestionado como es la interdicción.

Pérdida de derechos

Con el tiempo, el sistema de la interdicción para discapacitados mentales ha dejado mucho que desear. Alberto Vásquez, presidente del Sodis, señala que existe en el Código Civil un prejuicio hacia estas personas y por eso se determina que no cuentan con la competencia necesaria para tomar decisiones, por lo que se les debe asignar un curador.
"Incluso cuando las personas pueden fácilmente manifestar lo que desean (ciudadanos con síndrome de Down, por citar algún caso) se les pide un curador para evitar problemas. Decimos: 'eso es muy complicado, mejor le quitamos la capacidad de decidir'. Está mal", lamenta Vásquez.
Luego de que se le declara incapaz, la familia descubre que se enfrenta a nuevos problemas: el interdictado ya no puede sufragar o, si quiere ingresar a un programa de empleo, no podrá porque al estar incapacitado jurídicamente no puede firmar un contrato de empleo. En otros casos, se ven impedidos de contraer matrimonio u otros trámites sencillos para el resto.
Eso lo sabe en carne propia Karín Liza, quien en todo trámite a realizar debe estar acompañada por su madre (la cual interrumpe sus labores) cuando la joven puede desenvolverse sin inconveniente alguno. "Que no pueda hacer nada sola me hace sentir frustrada", expresa y deja derramar sus lágrimas.
Además, no siempre los curadores cumplen su rol a cabalidad, tal como alerta el constitucionalista Samuel Abad: "Muchas veces el curador abusa del interdictado, porque como este representante tiene la potestad de decidir sobre sus intereses, puede vender los bienes y adueñarse del patrimonio de la persona con discapacidad".

Más inconvenientes

Si en el país se busca empoderar a las personas con discapacidad, entonces la interdicción no es el mejor camino para cobrar la Pensión por Discapacidad Severa, al estar plagada de privaciones. Y el proceso para ser declarado incapaz, incluso, puede demorar hasta tres años.
"Sería muy complejo pedirle a una persona con discapacidad y en extrema pobreza encontrar un abogado para su juicio. Cada mes que pasa es un mes que no percibe la pensión y aun así tendrá que pagar los abogados, las tasas judiciales, movilidad para ir al juzgado. ¿Es factible?", critica Queija.
Para el congresista John Reynaganúa, los 150 soles mensuales no son del todo satisfactorios: "Las personas con discapacidad severa tienen muchas veces a alguien encargado de apoyarlos y, por tal motivo, serían dos personas sin poder trabajar, además de gastos de medicinas, etc.". 
En este punto, el viceministro Bolaños aclara que la pensión no se planeó para cubrir otros beneficios que deben ser asumidos por el Minsa.
"No tendría sentido exigirles que se interdicten para cobrar solo 150 soles mensuales", cuestiona Vásquez, hallándole alguna utilidad a la situación.

Urge una reforma

¿Se puede revertir? En el Congreso se presentó un anteproyecto de ley (4601/2014-CR) para la modificación de 80 artículos del Código Civil y determinar que la gente con discapacidad mental es jurídicamente capaz y, por lo tanto, no necesita de curadores.
En su lugar se propone que exista una figura de apoyo. Vásquez es partidario de que una persona no decida por el discapacitado, sino que lo ayude a tomar decisiones, que apoye al sujeto a hacer realidad su voluntad sin que ello signifique que pierda sus derechos.
"Ya es hora de que nuestro Código Civil se pueda adecuar a lo que dicta la normativa internacional de la cual el Perú es parte", reitera Queija.

"No necesitan ser interdictados ni tener curador"

A inicios de julio de este año, el juez Edwin Béjar ordenó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que se les entregue sin dilación o requisitos previos una pensión de orfandad a dos jóvenes cusqueños que padecen de esquizofrenia paranoide.
También estableció que a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual no se les puede considerar relativa o absolutamente incapaces. Tampoco deben ser sometidas a interdicción o asignárseles un curador. 
Para ello declaró inaplicable el inciso 2 del artículo 43 y los incisos 2 y 3 del artículo 44 del Código Civil referidos a la incapacidad absoluta y relativa. 
"Ustedes tienen derecho a que todos reconozcan que pueden decidir por sí mismos al igual que los demás, para lo que se les deberá proporcionar apoyos", expresó Béjar en la lectura de sentencia.
Pidió al Congreso que se acelere la reforma del Código Civil, en especial en los artículos 43, 44, 564 y 565, y que se adopte el modelo de apoyo o asistencia en la toma de decisiones de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, en lugar del modelo actual.

En cifras

134 mil peruanos con discapacidad severa se hallan en estado de extrema pobreza, según la encuesta de Discapacidad-2012 y la Encuesta Nacional de Hogares-2014.
130,6 millones de soles es el presupuesto del programa Pensión por Discapacidad Severa para el 2015.

Claves

Estado médico. Para recibir la pensión, los beneficiarios deben obtener un certificado del Minsa, el cual detallará el nivel de la discapacidad de la persona (leve, moderada o severa). 
Estado de pobreza. Si se constata que el paciente tiene discapacidad severa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social será la entidad encargada de comprobar la situación de extrema pobreza.
Fuente: "La República", 03 de Agosto de 2015