Código Penal Militar tiene normas constitucionales

Colegiado reafirmó compatibilidad de disposiciones del D. Leg. 1095.

 

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la constitucionalidad de la tipificación de los delitos de motín, falsa alarma, utilización indebida de los signos protectores y certificación falsa sobre asuntos del servicio, establecida en el Código Penal Militar Policial, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1094.

 

El máximo intérprete de la Constitución también confirmó la constitucionalidad de la tipificación de los delitos de derrotismo, negativa a evitar la rebelión, excesos en el ejercicio del mando en agravio del subordinado, contra operaciones humanitarias, destrucción de documentación militar policial, así como los métodos y medios prohibidos en las hostilidades, contenidos en el mismo cuerpo legislativo.

 

Fue por intermedio de la sentencia emitida por dicho colegiado recaída en el Expediente N° 022-2011-PI/TC, por el cual declaró infundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 6,430 ciudadanos contra el mencionado código, la Ley que fija las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el país, Decreto Legislativo N° 1095, y la Ley N° 29548 que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia militar policial.

 

Principios rectores

 

El TC reafirmó, asimismo, la constitucionalidad del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1095 que establece los principios rectores vigentes antes, durante y después del empleo de la fuerza por las FF. AA.

 

A criterio del colegiado estos principios, como el de humanidad, necesidad militar o proporcionalidad, no excluyen la aplicación de la Constitución o de los tratados sobre derechos humanos, considerando que siempre existe la posibilidad de un control jurisdiccional en los estados de excepción.

 

Así, cualquier ciudadano presuntamente afectado de un modo desproporcionado en sus derechos por la declaración de esas situaciones o de la decisión del Presidente de autorizar la actuación de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del control del orden interno, podría recurrir al proceso de amparo.

 

De igual modo, el TC reafirmó la constitucionalidad de la norma que establece que el Derecho Internacional Humanitario no surte efectos sobre el estatuto jurídico de los que intervienen en las hostilidades.

 

Afectación a la Carta Magna

 

Respecto de las disposiciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1094 declaradas inconstitucionales, como sus artículos vinculados a los delitos de devastación, saqueo y contribuciones ilegales, por afectar el artículo 173 de la Constitución, el TC precisó que corresponderá a la jurisdicción militar disponer el archivo de los respectivos procesos por estos ilícitos que se encuentren en trámite. Asimismo, dicho fuero deberá comunicar de este hecho al Ministerio Público para que este actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. En el caso de los procesos penales concluidos, el TC invocó al Congreso a regular un cauce procesal para organizar la realización de un nuevo proceso.

 

Pautas

 

El TC determinó que el legislador, en este caso, solo podrá expedir normas que regulen el mismo aspecto declarado inconstitucional.

 

Siempre y cuando desarrolle una disposición diferente o similar a la anterior, pero de la que puedan deducirse sentidos interpretativos constitucionales.

 

Fuente: El Peruano, 20 de agosto de 2015