Exigen ampliar el plazo de investigación sobre esterilizaciones

A dos semanas de cumplirse el plazo estipulado para concluir las investigaciones sobre el caso de esterilizaciones forzadas, éste podría ampliarse en razón de la gravedad de los hechos y de la cantidad de víctimas del programa de planificación familiar que se aplicó durante el gobierno de Alberto Fujimori en el marco de la lucha contra la pobreza.                                                                                                

El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu informó que han solicitado la ampliación del plazo y también que el caso sea declarado complejo, en vista de que reúne a 2,074 mujeres afectadas. 

"Es complejo por la cantidad de investigados y de víctimas. Además, requiere de mayores herramientas de investigación de las que se han utilizado hasta ahora. El tiempo de ampliación que se determine dependerá de la fiscal Marcelita Gutiérrez", explicó.

Los investigados son siete: el ex presidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong. Además de cuatro asesores.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, refirió que la fiscal Marcelita Gutiérrez había considerado corto el plazo de 90 días y que tendría que extenderse para ejecutar una investigación lo más completa posible.

 

"Esta ampliación tiene que declararse a través de una resolución del Ministerio Público. Hasta el día de hoy no nos han notificado", dijo Rivera, quien tiene a su cargo la defensa de un grupo de mujeres de la provincia altoandina de Anta, en Cusco, y también de otro grupo proveniente de la provincia piurana de Huancabamba.

 

En cuanto al avance de las investigaciones, la defensa ha manifestado que desconoce lo que está haciendo la fiscalía. Rivera dijo que el plan de actividades indagatorias del Ministerio Público, que incluye las pericias a ejecutarse, debió ser enviado a las partes para que puedan presentar objeciones o nuevas evidencias, pero hasta ahora no se ha hecho.

 

Lamentó que sobre el caso de esterilizaciones forzadas no se haya pronunciado ninguna autoridad de los ministerios de Justicia y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Memoria perennizada

Son muchas las mujeres que se armaron de valor para entregar sus testimonios a las organizaciones sociales, con el fin de alcanzar justicia.

 

Una de ellas es Serafina Ylla Quispe, quien tenía 34 años y vivía en la comunidad cusqueña de Mahuaypampa cuando la ligaron en 1997. 

 

Al estar embarazada, las enfermeras la instaron a controlar su estado. En los últimos meses ya le hablaban de esterilizarla y que tenía que ir a dar a luz al hospital. La amenazaron diciéndole que si se negaba pagaría una multa de 100 soles. No tenía ese dinero, y tuvo que ir. "Me dijeron que solo iba a durar 20 minutos. Ellos sabían que yo no quería. Me amarraron las manos y los pies, me pusieron suero. No me dieron comida, aunque tenía hambre,  y me purgaron. Escuchaba gritos de mujeres y tenía miedo. A mi esposo le habían hecho firmar diciendo que era para inscribir a mi bebé", relata.

 

Agrega: "Me hincaron con agujas en ambos brazos, me daban palmadas en las piernas diciéndome que ya no voy a parir como los cuyes. Yo seguía despierta. ¡Cuenta hasta 100!, yo todo escuchaba. Me cortaron la barriga, me sacaban algo de mi cuerpo. Después de tres días fui a mi casa pero la herida se infectó, demoró mucho tiempo en sanar. Desde aquella vez no menstrúo. A un año, falleció mi hijo, igual me seguían comparando con los animales". 

 

"Un grupo de mujeres viajamos a Lima el 2008, me chequearon y detectaron quiste en el ovario derecho. Mi esposo me maltrata, mis hijos sufren, mi vida cambió, me siento inútil", es el triste testimonio de Serafina Ylla. 

Mujeres de Huancabamba piden investigación imparcial y reparación

En un pronunciamiento, la Asociación de Mujeres de Huancabamba exigieron verdad, justicia y reparación para las mujeres esterilizadas.

 

"Nosotras las mujeres ligadas, organizadas, queremos hacer escuchar nuestra voz a nivel nacional e internacional para romper el silencio y denunciar la impunidad que protege al ex mandatario Alberto Fujimori y a sus ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong", se lee en el documento.

 

Además de una reparación individual por el daño producido, estas mujeres exigen mejoras en los centros de salud y hospitales. Además, demandan al Estado que priorice una política social integral en sus comunidades.

Fuente: “La Republica”, 04 de Agosto de 2015