Jueces de Lima y Callao siguen amparando las demandas de Rodolfo Orellana

En mayo del 2009, el Poder Judicial del Callao, David Pajares Narváez, declaró en disolución y liquidación de la Cooperativa COOPEMMAR acogiendo una demanda de cobro de deuda presentada por constructora Ungaro Contratistas Generales. La Cooperativa COOPENMAR continúa en manos del procesado Rodolfo Orellana, en razón a un proceso de liquidación donde no hubo junta de acreedores, solo el despojo de sus propiedades y de terceros en beneficio de la mafia.

La constructora había firmado en noviembre de 1996 un contrato con la cooperativa para construir viviendas, pistas, losas deportivas y un local comunal. El contrato estableció una penalidad si la cooperativa no cumplía con los adelantos para ejecutar la obra.

Sin embargo, recuerda el dirigente Pedro Lagos, nunca obtuvieron los créditos previstos, la obra no se ejecutó y el contrato quedó en el olvido, hasta el 30 de mayo del 2007. Ese día, la representante de la constructora, María Gamio de Ungaro, demandó vía judicial el pago de una penalidad de 860.638,81 dólares por incumplimiento del Contrato.

La Cooperativa COOPEMMAR nunca fue notificada de la demanda. A sus espaldas, el 24 de marzo del 2009, el juez David Pajares declaró la disolución y liquidación de la cooperativa, pues supuestamente no tenía bienes con los cuales pagar la deuda.

Con ese argumento, el 20 de mayo del 2010, Pajares y la especialista legal Diana Soto nombraron como liquidador a Delta Liquidadores y Consultores, una de las empresas de Orellana Rengifo.

Pero Delta no podía asumir porque por esa fecha fue suspendida por Indecopi. El 7 de septiembre del 2010, el juez la reemplazó por Consorcio Gerencial SAC, representada por Jorge Miguel Pérez Chávez.

A esa altura del proceso recién se informó al juzgado de la real dirección de La Cooperativa COOPEMMAR, dato necesario para poder intervenirla, y también la existencia de un terreno de 9.345 metros cuadrados, que era el objetivo primario de la organización Orellana.

En poder de la cooperativa, el 7 de enero del 2013, Pérez Chávez vendió el terreno de 9.345 metros cuadrados a la sociedad conyugal Liqin Qu y Jianzhou Li, por 300 mil dólares, pese a que había sido tasado en 1,2 millones de dólares.

Pero solo se pagó un adelanto de 150 mil dólares y el dinero no entró a una cuenta de La Cooperativa COOPEMMAR en liquidación, sino a las de Consorcio Gerencial. Hoy es un misterio el destino de ese dinero y también si se llegó a pagar el precio total.

DEUDAS MÁGICAS

Lo que se sabe es que el 27 de marzo del 2013, los Registros Públicos recibieron un pedido de bloqueo de partida registral, pues supuestamente Liquin Qu ha vendido dicho terreno al ciudadano español Alfonso Eduardo González Salazar por un millón de dólares.

Pero la venta de ese terreno ya no es el objetivo principal del grupo Orellana. "Ahora se busca mantener a La Cooperativa COOPEMMAR en liquidación permanente, para apoderarse de otras propiedades", refiere Augusto Pacheco, el abogado de los socios de la cooperativa. 

La Cooperativa COOPEMMAR ha aumentado su patrimonio inmobiliario a través de reconocimiento de deudas de personas que nunca fueron socios ni prestamistas de la cooperativa. La mafia se hace de los terrenos a través de La Cooperativa COOPEMMAR y luego los vende.

Por ejemplo, Consorcio Gerencial ha utilizado a La Cooperativa COOPEMMAR para asumir la titularidad de la Casa del Adulto Mayor, de la Municipalidad de Miraflores, ubicada en el N° 125-129 del Malecón Armendáriz.

Este inmueble había sido confiscado por el Estado a un procesado por narcotráfico, pero en julio del 2012 apareció José Luis Ticse Porlles reclamando la propiedad de dicho inmueble, lo que logró a través de un laudo arbitral.

Ahora, habiéndose hecho de esa propiedad, Ticse reconoció una deuda de 100 mil dólares con COOPEMMAR y le transfirió la casa en dación de pago. Ya registrada la Casa del Adulto Mayor a favor de COOPEMMAR, Pérez la vendió por 2 millones 200 mil dólares a T & C Real Estate Group, pero otra vez solo se realizó un pago parcial de un millón cien mil dólares a favor de Consorcio Gerencial. 

Es decir, supuestamente Ticse se hizo de una propiedad de más de dos millones de dólares y la entregó sin mayor resistencia por una deuda de 100 mil dólares.

Pero los jueces del Callao no ven nada irregular en toda esta historia. Desde el 2010, los socios de La Cooperativa COOPEMMAR han denunciado en todas las instancias judiciales del Callao el fraude que se comete con ellos, pero no han tenido ninguna respuesta favorable. Según informa el Diario la Republica.

Fuente: “La República”, 05 de julio del 2014