Mejorar la atención al justiciable

Propuestas. Los planes de gestión 2015-2016 de los jueces supremos que pretenden presidir el Poder Judicial se orientan a modernizar la administración de justicia, luchar contra la corrupción, recuperar la credibilidad ciudadana y ejercer una labor eficiente.

En su plan de gestión propone incrementar y potenciar los juzgados y tribunales especializados en delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado como medida para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Plantea crear juzgados especializados en corrupción de funcionarios manejados por jueces titulares y, además, promete ser celoso defensor de la autonomía institucional e independencia del magistrado por tratarse de condiciones fundamentales para una correcta impartición de justicia.

Tomando como base las propuestas del Ceriajus, considera necesario reformar la Constitución para que al Poder Judicial se le asigne no menos del 3% del Presupuesto General de la República.

Para modernizar la administración de justicia generalizaría el uso del sistema biométrico en las cortes superiores, a fin de identificar con eficacia a los procesados.

Ampliaría la cobertura del programa Justicia en tu Comunidad y promovería un proyecto de ley para la creación de la Sala Laboral Permanante en la Corte Suprema.

Líneas de acciones inmediatas para reencontrar al Poder Judicial con la empatía y confianza de la población, plantea en su plan de gestión, todas compatibles con un proyecto de desarrollo institucional, adaptado a las actuales necesidades, objetivos y estrategias nacionales.

Así, plantea consolidar el enfoque de género en la cultura y praxis jurisdiccionales, y fortalecer una visión restaurativa en la justicia aplicada a los adolescentes y jóvenes.

Propone también potenciar los programas participativos de justicia intercultural y efectuar un seguimiento retroalimentador de la implementación de las reformas procesales laboral y penal, priorizando las acciones estratégicas en el ámbito de atención previsional y de la actuación contra el crimen.

Promete fijar una agenda común con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, modernizar la Sala Penal Nacional, instalar el Programa Justicia Penal Terapéutica y reactivar la Sala Plena de la Corte Suprema en las cortes superiores.

En la reivindicación de los derechos laborales de los jueces, la modernización del Poder Judicial, la obtención de un presupuesto idóneo, la lucha contra la corrupción, la predictibilidad de los procesos y en la capacitación de los magistrados se centra su plan de trabajo.

En ese contexto, promete impulsar la culminación del proceso de implementación progresiva de los haberes de los jueces conforme a ley y promover el aumento remunerativo de los servidores judiciales.

Expandiría el proyecto del expediente judicial digital e impulsaría una política de convenios con los gobiernos regionales y el Gobierno Central para construir y mejorar los locales judiciales. Profundizaría el sistema de prevención de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) para combatir la corrupción, e impulsaría la aplicación de precedentes judiciales.

Trabajaría para que el criterio del doble conforme se aplique a todos los procesos, y celebraría convenios de cooperación con universidades para la capacitación de jueces y auxiliares de justicia.

Su planteamiento estratégico de gestión institucional tiene por objetivo general lograr el respeto pleno a la institucionalidad del Poder Judicial para que asuma de manera efectiva el rol que le corresponde en la estructura del Estado. Establece tres pilares de acciones vinculados a la defensa institucional, la eficiencia corporativa, y la transparencia y honorabilidad.

En ese contexto, promete la realización continua de plenos jurisdiccionales en la Corte Suprema, así como la potenciación de la Oficina Nacional de Justicia de Paz.

Para lograr la uniformidad y la celeridad en el trámite de los procesos instauraría formatos de demandas y potenciaría la sistematización de la jurisprudencia en todas las instancias. Crearía, además, el Premio a las Buenas Prácticas Jurisdiccionales para reconocer las buenas labores de los jueces y servidores judiciales en función de indicadores.

Desarrollaría una lucha frontal y constante contra la corrupción, apoyando en forma decidida las iniciativas de los órganos de control.

Fuente: “El Peruano”, 02 de diciembre de 2014.