Quedó al voto fallo de Indecopi sobre el aporte de regulación que cobra el OEFA a mineras

Luego de escuchar los últimos alegatos de los defensores y detractores del aporte por regulación (APR) que actualmente cobra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al sector minero, en el marco de un proceso que se inició hace un año, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi dejó al voto la solución de la controversia.


La particularidad de esta audiencia es la intensa exposición mediática –y ataques de ambos lados– que la precedió. En las últimas semanas, la dupla OEFA y Minam ha emitido publicado numerosos comunicados y artículos así como ha gestionado entrevistas en los principales medios de comunicación para hacer sentir su voz. El propio ministro del Ambiente dijo, en entrevistas previas a la audiencia, que el Indecopi pondría en riesgo el funcionamiento del OEFA al pronunciarse en contra del APR, ya que el 80% de su presupuesto depende de ello. Un comunicado a mediados de marzo del OEFA “exhortó” al Indecopi a darle la razón en este debate a la entidad ambiental, y argumentó que el Poder Judicial ya emitió dos sentencias favorables a la institución. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía , que defiende a las mineras detractoras del APR, tildó el comunicado como una medida de presión.


En el otro extremo, la abogada de una de las mineras terminó su exposición con un llamado que hizo ver al APR como una amenaza para la actividad minera, pese a que ello no era parte del debate: “Estamos ante un sector duramente golpeado por el precio de los minerales y por intereses de quienes ejecutan acciones antimineras. Hemos visto lo que ha pasado con Tía María. No permitamos que los golpeen más, no en esta sala”.


Aquí se agota la vía administrativa de la controversia que cuatro empresas —Minera Pampa de Cobre, Compañía Minera Vichaycocha, Sociedad Minera Corona y Compañía Minera Caudalosa— mantienen con el Estado sobre cómo debería cobrarse dicho aporte. La decisión del Tribunal de Barreras Burocráticas del Indecopi resolverá si el fallo en primera instancia (octubre del 2014) que declaró “barrera burocrática ilegal” al monto cobrado por la fiscalizadora, es válido o no. Este año, el APR aplicado a todas las empresa mineras equivale al 0.15% de su facturación anual (descontado el IGV y el Impuesto de Promoción Municipal).


Los miembros del tribunal escucharon por casi dos horas a ambas partes. Entre los defensores estuvieron el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; Francisco Eguiguren, abogado en representación del OEFA, así como funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas y del OEFA.  Por el lado de los demandantes, los argumentos estuvieron a cargo de Cristina Chang, abogada del estudio Osterling y representante de la Sociedad Minera Corona.


¿Qué sostiene cada parte en esta controversia? Estos fueron los principales puntos expuestos en la audiencia:

 

Legalidad del cobro

 

La abogada de Sociedad Minera Corona, Cristina Chang, no cuestiona que la minería deba pagar un monto para financiar la fiscalización, sino la supuesta ilegalidad en la manera en que se creó el APR. “No hay norma con rango de ley, solo un decreto supremo. El código tributario prohíbe que las normas presupuestales regulen aspectos tributarios”, señaló. En contraposición, Francisco Eguiguren, abogado del OEFA, afirmó que “el APR es un tributo, no una relación contractual. Acaba de ser precisada en el presupuesto 2015, aprobado por el Congreso”.

 

¿Tarifa adecuada?

 

Los demandantes sostienen que el monto que cobra el OEFA no corresponde al costo real de la fiscalización que hace el OEFA, que sería menor. “OEFA no ha podido demostrar que el cálculo de APR guarda relación con los costos de su servicio”, expuso Chang durante su argumentación. “OEFA no muestra números de cuánto cuesta fiscalizar”, agregó y criticó que se recaude un porcentaje sobre las ventas de las mineras. En defensa del OEFA, Eguiguren dijo que las actividades de fiscalización tienen un costo y deben ser financiadas. Además sostuvo que “el OEFA no es una empresa consultora a la que se contrata para que fiscalice. OEFA es el Estado y cobra un monto establecido por ley”, el cual no necesita ser sustentado.

 

Uso del monto recaudado

 

La minera afirmó que el sector minero subsidia a las actividades de fiscalización de los sectores pesca e industria (también supervisados por el OEFA), además de destinar fondos al Ministerio del Ambiente. En defensa, una representante de la PCM negó esta afirmación. “Se equivocan (…). El OEFA cuenta con otras fuentes de ingresos como multas y recursos públicos que se destinan a estos sectores”. Por su parte, el Ministro del Ambiente agregó que “existe una prohibición legal para transferencias” de este tipo.


La resolución del tribunal se dará este mes, pero no cierra completamente el debate, contrario a lo que se ha difundido. Las mineras podrían recurrir al Poder Judicial si el fallo no les es favorable. Además, queda pendiente la demanda -bastante similar- de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a la espera de una decisión del Poder Judicial. La última palabra la tiene esta entidad.

 

 

Fuente: “Semana Económica”, 15 de abril de 2015.