Caso Orellana: Contraloría observó más de 500 cartas fianzas irregulares en diferentes entidades públicas

En informe a comisión investigadora del Caso Orellana, la Contraloría señaló que un total de 524 cartas fianzas de 95 cooperativas de crédito sin autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) fueron aceptadas irregularmente por diferentes entidades públicas.

Un total de 524 cartas fianzas de 95 cooperativas de crédito sin autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y aceptadas irregularmente por diferentes entidades públicas, por un monto superior a los 397 millones 988 mil soles, fueron sometidas a acciones de control por la Contraloría General de la República.

Así lo informó esta tarde el vicecontralor de la República, Édgar Alarcón Tejada, ante la Comisión Investigadora del caso Rodolfo Orellana, que preside el congresista Vicente Zeballos (SN).

Entre las cartas fianzas sin autorización están las emitidas por Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías (181 cartas) y Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras-Coopex (126), entre otras que emitieron esos documentos por un monto de más de 397 millones de soles y que afectaron al Estado por más de 284 millones de soles. Esas acciones de control se hicieron sobre el 71% del total de la muestra, dijo Alarcón.

Entre las entidades públicas afectadas citó a los gobiernos regionales de Áncash por un monto de 11 millones de soles; de Cajamarca, por más de 904 mil soles; Huancavelica, por más de 2 millones de soles; de Ica, por más de 6 millones de soles; Lambayeque, por más de 3 millones de soles; Pasco, por más de 5 millones de soles; y Ucayali, por más de 3 millones de soles.

También, el Hospital de Chancay, así como las municipalidades de Olmos y Coronel Portillo. También, el Ministerio Público, en obra de la sede del distrito judicial de San Martín (Moyobamba) por un monto superior a 527 mil soles y al Ejército Peruano, en el trabajo de reubicación de polvorines en Iquitos, con un perjuicio económico superior al millón de soles, entre otros.

Manifestó que en todos estos casos se han tomado medidas administrativas y penales contra los funcionarios responsables.

En el caso de la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP) dijo que al verificarse las denuncias sobre irregulares procedimientos registrales realizados por la red de Rodolfo Orellana Rengifo, se emitió un informe sobre presuntos delitos de omisión de actos funcionales y negociación incompatible, el mismo que se encuentra en investigación en la Tercera Fiscalía provincial de Lima, así como una sanción directa contra un registrador público con suspensión de funciones.

Los congresistas Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), Héctor Becerril (FP), Tito Valle (PP) y el presidente de la comisión realizaron una serie de interrogantes a los funcionarios de la Contraloría General de la República y principalmente se quejaron de la lentitud en que se realizan las acciones de control y el hecho de que no existan alcaldes ni presidentes regionales involucrados en sus denuncias.

El congresista Valle expresó su preocupación por la falta de atención por parte de la Contraloría, a la región Pasco, en donde a pesar de que habría más de 180 obras paralizadas y se habría detectado una gran cantidad de cartas fianzas, no existe aún una oficina de la Contraloría.

El vicecontralor, dando respuesta a los legisladores, dijo que no existe capacidad operativa para actuar con mayor celeridad y en cuanto a Pasco, manifestó que está en proceso la apertura de una oficina en esa región.

También informó que muchas entidades dieron trámite a las cartas fianzas de Coopex, entidad ligada a la red Orellana, porque ésta demandó ante el Poder Judicial al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para que mediante medida cautelar la incorpore entre las entidades autorizadas a emitir cartas fianzas y que logró hasta que posteriormente el juzgado desestimó tal demanda.

Fuente: Prensa-Congreso, 07 de julio de 2015