Comisión Justicia: Invocan mayor coordinación y aplicación de la ley contra la delincuencia


Durante dos horas el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe; el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y el juez supremo José Luis Lecaros, en nombre del titular Poder Judicial,  expusieron ante la Comisión de Justicia y Derechos Humano sobre el proceso de detención y liberación de involucrados en actos delincuenciales, a pesar de su flagrancia.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren (PPA-APP), señaló que el Congreso hace las leyes, pero éstas no se cumplen. “Para eso están los operadores del derecho, en cuyas manos está decidir las medidas a tomar”, expresó el legislador al cuestionar la falta de coordinación en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En el mismo sentido se pronunciaron otros parlamentarios, entre ellos Octavio Salazar (FP), Mauricio Mulder (CP), y Rubén Condori (NGP), quienes llamaron la atención de que solo cuatro de cien detenidos por la policía termine en la cárcel

Salazar Miranda fue enfático al demandar mayor coordinación entre los sectores involucrados y reclamó por la falta de utilización de la ley de su autoría que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc). “Tienen que reunirse y coordinar, porque no es posible que la policía capture a  un delincuente sorprendido ‘in fraganti’ y el Ministerio Público no encuentre razones para pasarlo al Poder Judicial”, dijo.

Condori Cusi señaló que no lo hace feliz un mayor número de detenidos, sino que la justicia sea más efectiva en la lucha contra la delincuencia y el mejoramiento de la calidad de vida en el país.

Su colega de bancada Martín Rivas se sumó  a las exhortaciones para un mejor trabajo en conjunto para que se corrijan las deficiencias.

Mulder Bedoya consideró que los argumentos que pueden utilizarse y que deben estar enmarcados en la ley no deben ser limitantes, sino al contrario ampliar la posibilidades de su acción.

Ministro del Interior

El titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, con cifras emitidas por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) sostuvo que de un total de 992 detenidos por la policía, 93 fueron internados en establecimientos penales (9.38%) y 899 (90.62%) puestos en libertad.

A modo de ejemplo mostró un video con informes periodísticos sobre el ataque delincuencial de la banda autodenominada “La cachanga de Condevilla”. Los detenidos fueron liberados posteriormente. Indicó que la mayoría de intervenidos por la Dirincri, puestos en libertad por el Ministerio Público o el Poder Judicial, se encontraban en flagrancia y por delitos sancionados con penas superiores a cuatro años de privación de libertad.

Señaló que en la primera reunión de coordinación entre los operadores de justicia se adoptó una serie de medidas conjuntas para actuar en forma articulada y eficaz y formar comisiones técnicas, entre otros temas.

Fiscal de la Nación

Sánchez Velarde, en respuesta, argumentó que la detención preventiva responde a una serie de requisitos contemplados en la ley y que en muchos casos se concluye en que es infundado.

Indicó que entre enero y febrero del presente año en el distrito fiscal de Lima se registró un número de mil 268 detenidos, de los cuales 147, es decir el 77 % fue declarado por el Poder Judicial fundadas.

Sostuvo que una de las causas por las que no se solicitan las prisiones preventivas es cuando el tiempo para las investigaciones, 24 horas, resulta insuficiente. Esto ocurre, dijo, cuando la sanción por los delitos cometidos no es superior a cuatro años de prisión, y cuando los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal, entre otros.

Poder Judicial

El vocal supremo José Luis Lecaros señaló que uno de los principales problemas que tiene esa jurisdicción es la falta de presupuesto para hacer las investigaciones correspondientes.

Dijo que del 15 % de los casos declarados con prisión privativa de la libertad, el 70 % es aceptado por el juez, no por mala voluntad del juez sino por falta de recursos que apoyen una acusación.

Informó que para la lucha contra el crimen organizado su sector solicitó un presupuesto de 58 millones de soles y solo se le otorgaron 14, lo que implica una falta de voluntad política.

Fuente: Prensa-Congreso, 19 de mayo de 2015.