Acoso sexual en espacios públicos sería sancionado hasta con 12 años de pena privativa de la libertad

El acoso sexual en espacios públicos, traducido como la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otras, que no la desean y rechazan por indignantes, será sancionado con penas privativas de la libertad de entre tres y hasta doce años, según la gravedad de la falta y la edad de la persona agraviada.


Así lo propone el dictamen del proyecto de la “Ley de prevención, atención y sanción del acoso sexual en los espacios públicos y de reforma del Código Penal”, que luego de un cuarto intermedio fue aprobado por 76 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Fue exonerado de la segunda votación por 68 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones, con lo cual quedó listo para su promulgación por el Poder Ejecutivo. 

 

El dictamen tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios de uso público (calles, avenidas, parques plazas y otros) y en los medios de transporte público, que afecten la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de niños, adolescentes y mujeres.

 

El proyecto propone reprimir con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años a quien, sin propósito de tener acceso carnal, realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma o sobre un tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos con connotación sexual en cualquier parte del cuerpo.

 

La sanción aumentaría hasta cinco años si se realiza con violencia o con grave amenaza; a siete años si el agente tuviese la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le confiriese autoridad sobre la víctima; y hasta diez años si se tratase de un menor de siete años.

 

La pena será no mayor de nueve años, si la víctima fuese menor de diez años; ni mayor a ocho años de cárcel, si se tratase de un menor de catorce años; y no mayor a diez años, en caso se tratase de un menor de catorce años.

 

La pena sería no mayor de doce años si el acto tuviese un carácter degradante o causase daños físico o mental de la víctima, que el agente pudiese prever. 

 

El dictamen, igualmente, propone una serie de obligaciones a los gobiernos regionales, provinciales y locales; a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Educación, de Salud, de Transportes y Comunicaciones y del Interior, en este último caso a través de la Policía Nacional del Perú.

 

Fuente: “El Congreso”, 05 de marzo de 2015.