Comisión de Constitución analizó iniciativa ciudadana que propone legalizar aborto en casos de violación


El presidente del grupo de trabajo, Cristóbal Llatas, dijo que “el debate ha sido fructífero y que todavía no está cerrado”.

El día de ayer la Comisión de Constitución prosiguió con el debate de la iniciativa de participación ciudadana presentada por más de 60 mil personas que plantea la despenalización del aborto en los casos de embarazo por violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas.

El presidente del grupo legislativo, Cristóbal Llatas Altamirano, dio inicio a la sesión a las 4:27 p.m., luego de constatar el quórum reglamentario con la presencia de los congresistas Rosa Mavila, Teófilo Gamarra, Daniel Abugattás, Alvaro Gastañadui, Fredy Otárola, Juan Pari, Tomás Zamudio, Segundo Tapia, Josué Gutiérrez. Posteriormente llegaron los legisladores Martha Chávez, Javier Bedoya, Yehude Simon, Vicente Zeballos y Juan Carlos Eguren.

Al abrir el debate en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo, Llatas Altamirano subrayó que el proyecto plantea un tema complejo y se pone a consideración en atención a las consecuencias sociales y económicas que genera a miles de mujeres en el país y que tiene el respaldo del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Colegio Médico y de la Defensoría del Pueblo.

Rosa Mavila (AP-FA) aclaró que la iniciativa no es del Ejecutivo; es, dijo, resultado de un planteamiento de 64 mil personas que claman que a las mujeres se les permita decidir en casos de embarazos como consecuencia de violación. “Está de por medio la vida de miles de mujeres, sobre todo de jóvenes y las más pobres, a quienes también se les niega recibir píldoras del día siguiente por una decisión del Tribunal Constitucional”, refirió.

Dando cifras oficiales, la legisladora precisó que por ejemplo en Lima un 10,3 por ciento de mujeres y en el Cusco un 11,3 por ciento, experimentó violación sexual a partir de los 15 años a manos de una persona distinta de su pareja. “Y después de recibir esta agresión sexual esas mismas víctimas se someten a la segunda violación, esta vez de la investigación policial y penal. No hay derecho de obligar a una maternidad no deseada”, insistió.

Mavila León apeló al derecho internacional para justificar sus argumentos diciendo que los tratados internacionales en materia penal, suscritos por nuestro país, plantean como paradigmas fundamentales la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y a la salud de las mujeres. “No se puede imponerles una maternidad no deseada”, agregó.

Martha Chávez (FP) sentó su posición en contra de la iniciativa. Comenzó su participación considerando que el proyecto en mención fue puesto a discusión sin respetar los plazos necesarios para que cada legislador pueda evaluar su contenido con tranquilidad. El proyecto, dijo, busca autorizar el aborto y perdonar al violador. “Quieren aprobar un dictamen de muerte”, comentó tras lo cual abandonó la sala.

A su turno, el congresista Daniel Abugattás (GP) se declaró católico, apostólico y romano pero que no puede taparse los ojos para constatar los miles de partos anuales por casos de violación en el país. No hay institución del Estado que asista a los niños nacidos bajo esta condición.

Abugattás hizo dos planteamientos para que sean incluidos en la iniciativa. Pidió que los centros de salud otorguen la píldora del día siguiente dentro de las 72 horas de ocurrida una violación y además que deba existir una denuncia policial de por medio que verifique que se trata de un caso real. De esta manera no se abre la posibilidad a casos de otra índole, explicó.

Segundo Tapia (FP) dijo que como médico no está de acuerdo con el proyecto y que el tema sea tratado con tranquilidad para no cometer asesinatos masivos con prácticas abortivas legalizadas. Se debe respetar la dignidad de la persona y el derecho a la vida del concebido, insistió.

En otro momento de la sesión, el congresista Juan Pari (DD) apeló al sentido común para entender este problema. Para explicar su razonamiento puso un ejemplo. “¿Si una de nuestras hijas sufre violación sexual debemos obligarla a la maternidad? En estos casos debemos castigar al violador, pero no a la víctima”, señaló.

Para Teófilo Gamarra (GP) la población está sensibilizada con estos casos, pues tiene que ver con la libertad de las mujeres que han sido violadas y producto de ese acto se gesta un nuevo ser. Indicó que durante el 2014 la cifra de casos supera los 5 mil por lo que dijo que su voto será por la aprobación del proyecto.

Juan Carlos Eguren (PPC-APP), presidente de la Comisión de Justicia, también intervino en el debate. “Me apongo por razones jurídicas, la Constitución señala que el primer derecho es la vida y que se considera desde la concepción. Insistió en señalar que por razones jurídicas su opción es por la vida y no por el aborto. Recordó que hace unas semanas el mismo proyecto fue rechazado en la comisión que dirige.

La iniciativa legislativa no es viable desde el punto de vista constitucional, expresó su colega de bancada Javier Bedoya (PPC APP). “En el fondo no se quiere sancionar al violador sino a una tercera persona que está en el vientre materno”, explicó.

Sostuvo que si en el caso de una violación sexual la madre decide no querer hacerse cargo del bebé “podrá darlo en adopción y si los mecanismos legales son engorrosos para ello entonces hay que buscar flexibilizar la norma en lugar de quitar la vida al concebido”.

Siendo las 6:18 p.m., la sesión fue suspendida por falta de quórum al contabilizarse menos de nueve legisladores. El presidente del grupo de trabajo, Cristóbal Llatas, dijo que “el debate ha sido fructífero y que todavía no está cerrado”, y que la Comisión de Constitución estará pendiente de continuar con el análisis y votación respectiva. (WCA)

Fuente: Prensa-Congreso, 11 de junio de 2015.