Corte Interamericana de Derechos Humanos no establece pago de reparaciones a terroristas.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no establece reparaciones económicas para los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) por el caso Chavín de Huántar, aseveró el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, tras confirmar la recepción del fallo. 

Informó que a las 14:00 horas del día Lunes 29 de Junio, el Estado peruano fue notificado del fallo de la corte sobre el caso Chavín de Huántar, en un documento de 145 folios, que requieren un análisis, estudio y revisión detallada.

“Sin perjuicio de ello, estoy en condiciones de hacer una primera declaración, con carácter preliminar: la sentencia estaría informando que no hay reparaciones económicas que pagar a nadie”, subrayó.

Legitimidad

El ministro Adrianzén señaló que la sentencia de la Corte IDH reconoce que la operación Chavín de Huántar fue un esfuerzo legítimo del Estado peruano para rescatar a los rehenes del MRTA, y destacó que “con absoluta claridad” haya desestimado la responsabilidad del Perú en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En conferencia de prensa, precisó que para la Corte resultaba legítimo que el Estado peruano use la fuerza para garantizar la vida de los rehenes.

“La sentencia enfatiza en que la operación fue destinada a la liberación de rehenes; no tuvo, por tanto, como propósito ir a matar delincuentes terroristas”, dijo.

Añadió que la sentencia del tribunal supranacional reconoce parcialmente la responsabilidad internacional del Estado peruano.

“En el caso de los delincuentes terroristas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza la sentencia dice que no existen elementos para determinar responsabilidad internacional del Estado peruano”, remarcó.

No obstante, indicó que en el caso del subversivo identificado como Eduardo Cruz Sánchez, alias ‘Tito’, el fallo hace un llamado al Estado para que continúe con las investigaciones. Asimismo, en su larga exposición, Adrianzén destacó que la sentencia haya desestimado la pretensión de quienes buscaban que el Estado peruano sea declarado responsable de las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra tres emerretistas.

Manifestó que la Corte ha indicado “con absoluta claridad” que no encuentra ningún elemento que haga presumir la responsabilidad del Estado peruano respecto a las circunstancias de esas muertes.

Archivo de caso

Aseveró que el fallo de la Corte IDH no cuestiona la sentencia del fuero militar policial que archivó definitivamente la acusación contra los comandos Chavín de Huántar por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de subversivos.

“La sentencia que declaró el sobreseimiento y el archivo definitivo de la causa […] no se puede tocar y la Corte Interamericana no lo ha hecho en esta sentencia”, expresó.

En conferencia de prensa, explicó que en los 14 años que lleva este proceso, y que comprometen a tres gobiernos sucesivos, nunca antes se había desplegado tantos esfuerzos para la defensa de los comandos de las Fuerzas Armadas que liberaron a los rehenes de manos del grupo terrorista MRTA, en 1997.

Sostuvo que esto responde a la decisión política del Gobierno peruano, que se materializó en la contratación de peritos, de especialistas, y llevarlos al máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) para rebatir cada uno de los argumentos de la oposición.

Incluso opinó que los ex - rehenes Luis Giampietri, el magistrado Hugo Sivina, y otros que estuvieron cautivos durante cuatro meses en la residencia de la Embajada de Japón en Lima podrían ser llevados a la Corte para dar su testimonio.

“Hemos revertido en absoluto el expediente de cómo lo encontramos al resultado que ahora conocemos”, comentó el ministro Adrianzén, quien sostuvo que se logró que la Corte venga al Perú a hacer una reconstrucción de los hechos, a pesar de la oposición de los familiares de los terroristas, la cual se realizó en la réplica de la sede diplomática japonesa, en una instalación militar de Chorrillos.

Puntualizó que el Gobierno ha realizado una defensa internacional cerrada y eficaz, al igual que en el Poder Judicial. Por esa razón, afirmó que resultan injustos los cuestionamientos de algunos sectores a la sentencia, pero también de algunos representantes de las ONG a su labor cuando era procurador del Estado en este caso.

Seguimiento

La sentencia de la Corte descarta el delito de lesa humanidad, y por eso, la investigación que ahora hará la 58ª Fiscalía será por homicidio agravado.

Refirió que el fallo de la Corte determina que en un año el Perú debe dar un informe de las investigaciones que sigue.

Fuente: “El Peruano”, 30 de Junio del 2015.