Ministerio Público no fue consultado sobre Ley de Geolocalización

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lamentó no haber sido convocado por el Ejecutivo para pedir su opinión sobre el decreto legislativo que establece el uso de la geolocalización para ubicar a delincuentes a través de las llamadas hechas desde teléfonos celulares.

 

"Hubiera sido importante contar con la opinión nuestra para mejorar, obviamente, el trabajo de la investigación policial", señaló.

 

No obstante, indicó que su despacho está evaluando la norma debido a la polémica que ha generado y porque sus alcances ya están previstos en el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal.

 

Dicho artículo establece la intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.

 

En breves declaraciones dadas a RPP en una ceremonia pública, Sánchez indicó que hubiera sido también importante que el decreto legislativo trabajado por los ministerios de Justicia y del Interior contara con la opinión del Poder Judicial.

 

Es perfectible

Al respecto, horas después, el titular de Justicia, Gustavo Adrianzén, afirmó que la norma es perfectible y que los protocolos y directivas, así como el reglamento, serán consultados a las entidades administradoras de Justicia antes de su aprobación.

 

Sin embargo, dijo que la ley fue dada en el marco de las facultades legislativas que le fueron otorgadas al Ejecutivo, lo que lo inhibe de hacer consultas.

 

Por lo pronto, ayer se reunió con representantes de las cuatro operadoras de telefonía móvil que operan en el país, a las que este viernes hará llegar el cronograma de trabajo y responderá a sus inquietudes, principalmente sobre sus obligaciones y participación en el cumplimiento de la ley.

 

"Todas las operadoras han expresado su voluntad de colaborar en la formulación de los protocolos y directivas que se necesitan para poner en vigencia el decreto ley que establece la geolocalización", dijo el ministro.

 

La elaboración de estos textos, que son necesarios para la implementación de la norma, demandará entre 30 y 45 días gracias a la colaboración de las operadoras de telefonía, indicó Adrianzén.

 

A diferencia de lo que ocurrió con el Ministerio Público, las operadoras sí fueron consultadas durante la elaboración del decreto legislativo, según reveló más temprano el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

 

Lo que se hará, dijo, es intercambiar la información que se requiera respecto a determinados casos criminales.

 

Dicha data “se la pedimos a ellos, por ser algo que almacenan en su archivos”, indicó.

 

No vulnera derechos

Respecto a las críticas a la norma y el temor de que sea indebidamente utilizada, el titular de Justicia insistió en que la geolocalización no vulnera el secreto de las comunicaciones.

"Solo nos permite ubicar, no se conoce el contenido de la comunicación", indicó tras señalar que es necesario despejar esas dudas con la colaboración de instituciones independientes como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

 

Sostuvo que también se debe fortalecer a la Policía Nacional, encargada de la operatividad de la ley. Insistió en que si el juez determina que no existe criminalidad, la información obtenida por la policía aplicando la geolocalización será debidamente desechada.

 

Por su parte, el coordinador de la Fiscalía Especializada contra el Crimen, Jorge Chávez Cotrina, consideró que la norma puede ser perfeccionada –con el análisis de especialistas– para no poner en riesgo el secreto de las comunicaciones y así puede ser una medida importante para combatir a las organizaciones criminales, principalmente a las dedicadas a la extorsión y el narcotráfico.

 

El magistrado aclaró que la llamada ley de Geolocalización no regula una interceptación telefónica, la cual necesita de mandato judicial.

 

“Este tema [Ley de Geolocalización] es diferente; este tema significa que lo único que va a hacer la policía especializada es determinar desde dónde se está haciendo la llamada; no se permite la escucha telefónica, simplemente la ubicación desde donde salió la llamada”, precisó.

Fuente: “La Republica”, 04 de Agosto de 2015