Surge nueva controversia por registro de víctimas de esterilizaciones forzadas

La propuesta de creación de un registro oficial de víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno fujimorista, a fin de conocer su número exacto y otorgarles una reparación integral adecuada, no es aceptada por el gobierno, al menos, por el momento.
Según el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, no se puede crear dicho registro porque el caso de las mujeres esterilizadas sin su consentimiento entre los años 1996 y el 2000 está judicializado.
Lechuga agregó que las autoridades del Ejecutivo deben ser respetuosas de las leyes que establecen que "nadie puede abocarse a una causa pendiente ante los jueces".
"Tenemos que ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial para poder adoptar las medidas de política correspondientes, mientras tanto no podemos hacerlo, pero estamos atentos al desarrollo del proceso judicial que se realiza en relación con las esterilizaciones forzadas", declaró a Andina. 
Desde julio, organizaciones de la sociedad civil lideradas por Amnistía Internacional promueven la creación de un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas que permita conocer cuántas realmente son para que se les pueda resarcir por el daño causado. 
Según estimaciones de AI, las víctimas superan las 270 mil, pero se ha logrado identificar a poco más de 2 mil. Y, a la fecha, ha sido judicializado solo un caso que fue llevado al sistema interamericano: el de Mamérita Mestanza, quien murió como causa directa de su esterilización.
Según el viceministro, las instituciones pueden formular propuestas y adoptar acciones que consideren apropiadas,  pero el gobierno no puede intervenir mientras el proceso sobre este caso siga en curso.
No obstante, el funcionario dijo confiar en que dicho proceso permita dar luces sobre el número de víctimas y las consecuencias que estas sufrieron por las esterilizaciones forzadas.

Desconoce el caso

En respuesta al viceministro, el abogado del Instituto de Defensa Legal que patrocina a un grupo de víctimas de esterilizaciones forzadas, Sigfredo Florián, aclaró que el caso de estas mujeres no está judicializado, sino en etapa de investigación fiscal a cargo de la titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial, Marcelita Gutiérrez.
"El caso está a nivel de fiscalía. Al parecer el viceministro no tiene conocimiento de la situación actual del caso", sostuvo el abogado, quien consideró correcto y necesario elaborar un registro de víctimas.
Como se recuerda, el caso Esterilizaciones Forzadas fue archivado el 2014 por el fiscal Marco Guzmán. En mayo pasado, el Ministerio Público reabrió la investigación y el mes pasado se amplió por 180 días el plazo para las indagaciones.

Fiscalía recoge testimonios 

Hasta el 10 de setiembre, la fiscal Marcelita Gutiérrez recogerá en Huánuco los testimonios de las mujeres de esa región que han sido víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Luego hará lo propio en Huancavelica, donde las mujeres pobres también fueron esterilizadas sin su consentimiento. 
Según fuentes de la fiscalía, aún falta determinar las otras zonas que visitará la magistrada hasta diciembre, mes en que vence el plazo  para sus investigaciones.
Fuente: "La República", 07 de Setiembre de 2015.