Vinculan a ex presidente de corte de Ucayali con red Orellana


Los tentáculos de la red de Rodolfo Orellana habrían llegado a la lejana y calurosa Corte de Justicia de Ucayali. Allí la organización obtuvo hábeas corpus y recursos de amparo que anularon investigaciones y procesos en Lima.

Así, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió, en agosto del 2014, una investigación al entonces presidente de esa corte, Francisco Boza Olivari, y a otros cinco jueces de esa jurisdicción por los presuntos delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo.

La investigación ha recogido evidencias que comprometen a los investigados.

Un grupo de fiscales designados por el titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Pedro Chávarry, voló a Ucayali para tomarle declaraciones a jueces de esa corte. ¿El resultado? Regresaron con las maletas cargadas de información.

Según fuentes del Ministerio Público, aquella comisión recogió testimonios que señalan que Boza estaría vinculado a Rodolfo Orellana. Lo más grave es que, en su condición de presidente de la corte, habría designado a jueces en tribunales claves con el fin de que resolvieran las medidas cautelares que Orellana y su red presentaban en la calurosa Ucayali.

Trascendió que los jueces Julio Díaz Herbozo y Julio Barrera Zavaleta habían indicado que recibieron presiones de Boza para actuar a favor de conocidos de este. Para contrastar la versión de estos testigos, la Fiscalía Suprema de Control Interno interrogó a Boza el 31 de marzo en Lima. El magistrado, quien alguna vez soñó con ser cura, negó todas las imputaciones.

 

Los casos cuestionados

Jorge Reátegui Pisco, quien fue colocado por Boza en el juzgado de Atalaya, declaró fundado un hábeas corpus en diciembre del 2013 que excluyó a Rodolfo Orellana de una investigación seguida en Lima por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Otro juez, Wenceslao Portugal, designado en el Juzgado Mixto de Campoverde por Boza, ordenó devolver un cargamento de oro de US$10 millones inmovilizado por la Sunat.

El oro estaba relacionado a Pedro Pérez, ‘Peter Ferrari’, preso en los años 90 por lavado de activos vinculado al narcotráfico y hoy investigado por exportar oro ilegal. Los abogados que ejecutaron en Lima la orden judicial fueron nada menos que Benedicto Jiménez y Blanca Paredes, abogados de Rodolfo Orellana.

 

Fuente: “La República”, 10 de abril de 2015.