Designan nuevo procurador público en caso PUCP ante CIDH.

Mediante Resolución Suprema Nº 118-2015-JUS publicada el día de hoy se procedió a designar a David Miguel Dumet Delfín, como Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica del Estado peruano, en la Petición N° 1319-10 - Comunidad Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), seguida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esta manera, se dio por concluida la designación del actual ministro de justicia Gustavo Lino Adrianzén Olaya como Procurador Público Ad Hoc, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El reclamo de la PUCP contra el Estado peruano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente la demanda de un grupo de integrantes de la PUCP, presentada en setiembre del 2010, fecha desde la cual han ido reuniendo evidencias de las afectaciones al debido proceso vinculadas a las libertades de enseñanza, de cátedra y al modelo que defiende nuestra Universidad y que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La demanda sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional, del 2010, viola el debido proceso porque incumple la imparcialidad judicial. Con esta sentencia, de un proceso constitucional, hoy se pretende concluir un proceso civil sobre interpretación de testamento, lo que viola el debido proceso.

La carta del cardenal Bertone a la Conferencia Episcopal cuestiona que en la PUCP se discuta textos del padre Gustavo Gutiérrez, no condenados sino reconocidos por el Vaticano. También cuestiona que la PUCP haya distinguido al español Gregorio Peces Barba, recién fallecido, profesor de filosofía del derecho muy reconocido y uno de los siete ponentes de la Constitución española.

La PUCP también puso en conocimiento de la Comisión la forma como se pretende que la sentencia que expidió el TC en el 2010 sirva para concluir el proceso civil sobre interpretación de testamento.

Cabe señalar que, tradicionalmente, la CIDH admitía casos de ejecuciones forzadas, desapariciones, torturas; pero, dado que América Latina ha cambiado y hay democracia, ahora se aceptan casos distintos. Por ejemplo, en el caso Ricardo Zipper vs. Chile, del 2009, la Comisión señaló que la vulneración a la libertad de enseñanza puede suponer una vulneración a la libertad de pensamiento.

La Dra. Rocío Villanueva, directora de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la PUCP, es la abogada en este caso.

¿Quién defenderá al Estado?

El abogado David Miguel Dumet Delfín fue asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC) hasta el 2009, y renunció por discrepancias con la forma como se estaban manejando los recursos del TC. Se trata de un abogado con una sólida formación jurídica, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España; una maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú; es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; y profesor universitario en varias universidades, entre ellas la Universidad de Piura, además de haber dictado cursos en la Academia de la Magistratura.

La Comisión buscaría una solución amistosa entre los peticionarios y el Estado peruano.