Caso alcalde de San Bartolo: Fiscalía anticorrupción pide prisión preventiva

El fiscal provincial anticorrupción de Lima Sur, Ramiro Gonzales Rodríguez, solicitó prisión preventiva contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino, debido a que ha incumplido con las tres reglas de conducta que el Poder Judicial determinó al abrirle proceso penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, bajo la medida de comparecencia restringida.

El proceso penal que el acusado viene afrontando en libertad es debido a un desbalance patrimonial de S/. 457,668.82, detectado a través de un peritaje a sus cuentas, entre los años 2003 y 2014, el cual no ha sido debidamente justificado por su defensa.

Entre las restricciones que fueron incumplidas por el procesado están la de no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial, presentarse a las citaciones que se le cursen en el proceso y el pago de una caución de S/. 10,000.00.

La Fiscalía acreditó que ninguna de estas fue acatada. Como prueba, consta el reporte migratorio del imputado donde se informa que, entre el 25 de noviembre de 2014 y mayo del presente año, éste realizó nueve viajes al extranjero sin ninguna autorización, ausentándose del país un total de 109 días.

Asimismo, se fundamentó que el acusado no acudió a dos citaciones programadas por la fiscalía, sumándose a ello el incumplimiento del pago de la mencionada caución, ni dentro ni fuera del plazo establecido por el Poder Judicial (17 de junio).

En su acusación, la fiscalía solicitó seis años de pena privativa de la libertad, así como cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público contra el imputado.

Se espera que el Poder Judicial fije fecha de audiencia, tanto para sustentar el pedido de revocatoria de la medida de comparecencia restringida por la de prisión preventiva, como para sustentar la acusación fiscal.

La autoridad municipal se encuentra sentenciado por otro proceso abierto en su contra por el delito contra la fe pública, debido a que habría adulterado un acuerdo de concejo municipal para favorecer a un tercero en la adjudicación de un terreno en el distrito de San Bartolo.

El pasado mes de junio el Poder Judicial ordenó que cumpla 3 años de pena privativa de la libertad suspendida, inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo y el pago de una reparación civil de 4,000 nuevos soles a favor del Estado.

Dicha condena se encuentra pendiente de ser confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Lima Sur.

Fuente: Ministerio Público, 08 de julio de 2015