Caso Orellana: Disponen indagar a juez que ordenó detener a la red

La Sala Nacional de Apelaciones dispuso investigar al juez Richard Concepción Carhuancho por insistir con la detención preventiva del aparato legal de la red Orellana, que encabezaría el ex juez supremo Robinson Gonzales.

Es la segunda vez que este tribunal dispone investigar a un juez, por acoger los pedidos de la fiscalía para detener a los abogados y ex jueces comprometidos con el clan Orellana.

El 15 de mayo último, dicha Sala dejó en libertad a Gonzales, Blanca Paredes, el ex superintendente Álvaro Delgado Scheelje, entre otros, y dispuso investigar al juez Ricardo Manrique Laura.

La controversia surge de la aplicación de la Ley 27379 contra la criminalidad organizada, que permite la detención de una persona por 15 días. La mayoría de jueces y la Corte Suprema la aplican, pero la Sala de Apelaciones considera que está derogada.

Por eso liberaron a Gonzales y compañía. Pero Concepción discrepó de esa opinión,  aplicó la mencionada ley y volvió a ordenar la captura de Gonzales y Blanca Paredes, aunque solo por cuatro días.

La Sala de Apelaciones volvió a revisar la segunda orden de detención, el 3 de julio último, pero ya no pudo pronunciarse, porque se produjo una sustracción de la materia. La segunda orden de detención solo estuvo vigente 4 días y Paredes quedó en libertad.

Pero insistieron en que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) investigue la decisión del juez. Es poco probable que la denuncia prospere, pero distraerá a los magistrados que ven los principales casos contra el crimen organizado.

Censura

De otro lado, la misma Sala dispuso que la fiscalía se abstenga de adjetivar al formular cargos contra Benedicto Jiménez y otros integrantes de la red Orellana, argumentando la presunción de inocencia.

Según fuentes del Ministerio Público, les están exigiendo retirar de los escritos frases como "brazo duro", fuerza de choque", "organización criminal", "instrumento de amedrentamiento, intimidación y chantaje", entre otros.

Fuente: La República, 10 de julio de 2015