Juzgados de flagrancia son eficaces ante la delincuencia

Las nuevas disposiciones que regulan el proceso inmediato en caso de flagrancia constituyen una respuesta firme y eficaz contra la delincuencia común que agobia al país.

Así lo sostuvo el presidente del Poder Judicial (PJ), Víctor Ticona Postigo al comentar la reciente publicación del Decreto Legislativo N° 1194 que contiene esas directrices.

A criterio de la autoridad judicial, esta norma con rango de ley es también importante porque oficializa los juzgados de flagrancia que se han empezado a implementar en el norte del país. De ahí que la autoridad saludó su emisión por parte del Poder Ejecutivo.

Estos órganos jurisdiccionales además permitirán resolver procesos en brevísimos plazos, en comparación con los procedimientos ordinarios que tardan entre ocho y 12 meses, por lo que contribuirán a reducir de manera drástica la carga procesal, explicó el magistrado.

Productividad

Por lo pronto, dijo, los juzgados de flagrancia, implementados por el PJ el pasado 1 de agosto en Tumbes, a manera de plan piloto, han dictado en este breve lapso dos sentencias con terminación anticipada, dos fallos con el principio de oportunidad y tres resoluciones, derivando los actuados a juicio oral.

Los cuatro primeros casos se resolvieron en menos de 24 horas de que el inculpado fuera puesto a disposición de la justicia, anotó Ticona Postigo.

En tanto que los otros procesos derivados a juicio oral serán atendidos en menos de 10 días, agregó.

Acciones

El presidente del PJ indicó que esta experiencia permite advertir la imperiosa necesidad de contar con plazos razonables para la debida aplicación del Decreto Legislativo N° 1194.

Esto implica capacitar a los operadores de justicia e implementar las unidades correspondientes, así como tener un presupuesto adecuado que asegure contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos que eviten que los casos de flagrancia se vean frustrados, detalló.

Compromiso judicial

El presidente del PJ, Víctor Ticona Postigo, exhortó a la ciudadanía a confiar siempre en la actuación de los organismos del sistema de administración de justicia.

Esto es fundamental porque “justicia por propias manos” vulnera el Estado de derecho y las normas constitucional y legal, añadió.

En ese contexto enfatizó que la judicatura tiene el compromiso de garantizar un proceso justo, imparcial y célere a todos los ciudadanos, cualquiera fuera su condición.

 Fuente: "El Peruano", 01 de Agosto de 2015