Tribunal superior penal ratifica que “petroaudios” y e-mails son prueba ilícita

Inapelable. Procuraduría y fiscal superior retiraron el recurso de nulidad para que esta decisión sea revisada por la Corte Suprema, por lo que la resolución judicial quedó consentida y puede ser utilizada de precedente en otros casos.

 

Los llamados petroaudios y los más de 20 mil correos electrónicos que sustentaban los supuestos negociados para la adjudicación de una serie de lotes para exploración petrolera en el zócalo continental no serán usados en el juicio público a Rómulo León Alegría y los ex funcionarios de Perupetro y Petroperú.

 

La Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, presidida por el juez superior Ricardo Brousset, ratificó ayer que dichas  pruebas fueron producto de un crimen, la interceptación ilegal de las comunicaciones de los acusados, y no se pueden utilizar como pruebas.

 

Inapelable

 

Esta decisión ya no será revisada por la Corte Suprema y quedó consentida, pues el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza y el procurador adjunto anticorrupción Erick Betallaluz retiraron el recurso de nulidad que habían interpuesto inicialmente, de tal manera que ya no habrá revisión de la decisión.

 

A cambio, Mendoza y Betallaluz pidieron al mismo tribunal anular su decisión al considerar que esta resolución judicial generaba un impacto negativo en la sociedad, que fue sorpresiva y era incongruente con otras decisiones judiciales, en el mismo caso Petroaudios.

 

La procuraduría presentó una jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos que aceptan una prueba ilícita, obtenida por un tercera, no funcionario del Estado, como en este caso que los audios fueron obtenidos por la empresa BTR.

 

Sin embargo, la respuesta de los magistrados fue ratificarse en su decisión en forma inapelable. Brousset afirmó que no hay ninguna incongruencia y contradicción con resoluciones anteriores.

 

Explicaron que los audios ilícitos sirven para iniciar una investigación, por lo que se acogieron para sustentar las órdenes de detención preventiva, pero no para emitir una sentencia.

 

Control de legalidad

 

Además, recordaron que desde que se inició este juicio habían advertido que, en la etapa oportuna, el tribunal realizaría un control de legalidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, de acuerdo con un mandato del tribunal constitucional.

 

Enfatizaron que no había nada sorpresivo porque la ley no prevé un trámite previo para este control de legalidad y que los jueces ejercieron su facultad de control.

 

Además, subrayaron que la exclusión de estas pruebas se realiza en protección de derechos ciudadanos, en este caso de los procesados. Los magistrados enfatizaron que este control se debió realizar al inicio de la investigación, pero que no se efectuó porque entonces el procedimiento no era claro.

 

Indicaron que actualmente la Corte Suprema ya ha definido que es en la etapa de investigación en la que el juez de investigación preparatoria debe revisar si una prueba tiene un origen y debe excluirla de inmediato del proceso.

 

Sobre la jurisprudencia estadounidense indicaron que esta no es vinculante para el Perú y que, además, nuestro sistema se guía por el modelo europeo, que excluye cualquier prueba ilícita independiente de si tiene origen estatal o de un independiente.

 

El juicio continuará el 29 de setiembre, en que la fiscalía definirá con qué prueba documental puede proseguir el juicio petroaudios.

 

La decisión del tribunal crea un precedente para otros casos

 

La Sala Superior Anticorrupción liquidadora también procedió a declarar como prueba ilícita la incautación de la computadora de León Alegría, junto con su contenido: unos 20 mil correos de las comunicaciones electrónicas de este personaje con Fortunato Canaán y funcionarios de diversas instituciones públicas.

Los jueces sustentaron que la incautación de la PC fue producto de información obtenida a través de los "petroaudios", por lo que, al haber sido estos declarados prueba ilícita, también lo son todas las otras pruebas que se derivaron de estos.

 

La decisión de la Sala Penal Liquidadora puede ser utilizada como jurisprudencia vinculante en otros casos, como el de las Agendas de Nadine, o los audios de Gerald Oropeza, para pretender invalidar una prueba de origen dudoso.

 

Fuente: La República, 16 de septiembre de 2015