Sunarp modificó reglamento a favor de red Orellana

Investigación. Registros Públicos reconoce que no existen expediente técnico ni informes legales que sustenten la modificación legal que permitió a Rodolfo Orellana apropiarse de más de 100 inmuebles del Estado y de particulares.  

El 20 de agosto del 2008 la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) modificó su Reglamento de Inscripción de Predios para permitir el cambio de propiedad de un inmueble con un laudo arbitral.

Además, se estableció que el registrador público no podía objetar la competencia del tribunal arbitral o del árbitro único, ni la validez de lo que estos decidieran, solo debía ejecutar lo resuelto, es decir, registrar al nuevo propietario.

Un mecanismo que permitió actuar y crecer a la organización de los hermanos Orellana. Aun cuando la Sunarp todavía no ha cuantificado cuántos inmuebles cambiaron de dueño o se registraron con este sistema, en la fiscalía y la comisión investigadora del Congreso se habla de más de 100 casos.

Lo que ahora se conoce es que en la Sunarp nadie sabe ni existen archivos que permitan precisar quién y bajo qué sustento técnico se realizó esa modificación. En "el área de Archivo Central, no obra en el respectivo legajo copia simple de la propuesta, los informes técnicos legales de respaldo que sustentaron" el cambio del reglamento, es la respuesta de la Sunarp a un requerimiento del magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, quien pidió esa información.

Según la Sunarp, solo aparece un acta de directorio N° 237 del 20 de agosto del 2008 que aprueba el Reglamento y su publicación en El Peruano. El jefe de los Registros Públicos en esa época era Álvaro Delgado Scheelje e integraban el directorio José Luis Castañeda Neyra y Víctor López Orihuela.

Delgado Scheelje es investigado por la fiscal especializada en lavado de Activos, Marita Barreto, por recibir dinero del clan Orellana para que pudiera operar libremente dentro de Registros Públicos.

Castañeda Neyra y López Orihuela están vinculados al Partido Aprista. En enero del 2011 tuvo que dejar la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tras revelarse que había formado la empresa constructora Kapala SAC y firmado millonarios contratos con el Estado. En los últimos años igualmente se ha desempeñado como árbitro legal.

El nombre de Víctor López, vinculado al entorno del exministro aprista Agustín Mantilla, ha sonado en los últimos días. Este personaje fue presidente de Sedapal, cuando el representante de la constructora brasileña Camargo Correa, Aristóteles Santos Moreira Filho, logró un contrato para construir una planta de tratamiento.

Responsabilidades

La modificación del reglamento se mantuvo vigente hasta junio del 2014, cuando un tribunal registral cuestionó que no se pudieran objetar los laudos arbitrales, pese a ser evidente el fraude, han declarado al Congreso las ex registradoras Adriana Delgado y María Zaplana.

La fiscalía espera ahora que la actual administración de los Registros Públicos, que encabeza Mario Solari, apoye para aclarar quiénes fueron los funcionarios que le abrieron las puertas a Rodolfo Orellana para poder operar con total impunidad.

Robinson Gonzales podría volver a ser liberado

La Sala Nacional de Apelaciones notificó ayer a la fiscalía que hoy a partir de las 3 de la tarde evaluará en audiencia pública si procede la detención preventiva de Blanca Paredes Córdova por 4 días y los alcances de la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que la concedió.

El 15 de junio pasado este tribunal –integrado por los jueces Sonia Torre Muñoz, Rómulo Carcausto Calla y Edita Condori Fernández– resolvió que la detención preventiva es solo por 24 horas. El juez Concepción Carhuancho se apartó de ese criterio y resolvió que procede por hasta 15 días.

Sí el tribunal de apelaciones ratifica su fallo se declarará ilegal la detención de Blanca Paredes, quien ya está libre, y con ella el resto del clan, entre ellos Robinson Gonzales, podrá pedir su libertad.

El fiscal superior Frank Almanza pidió que otros jueces vean este caso, para garantizar el derecho de defensa. Por su parte, la jueza Sonia Torre se inhibió señalando que ella tiene un criterio tomado, solo 24 horas, pero sus colegas la ratificaron.

En el Poder Judicial hay preocupación por la prisión del juez supremo Robinson Gonzales y presionan para su inmediata libertad.

Fuente: “La República”, 02 de julio de 2015