Empresas innovadoras gozarán de beneficios tributarios


El sector privado tiene una importante oportunidad para asumir el protagonismo en innovación, necesario no solo para elevar los niveles de competividad sino también para posicionarse de nuevos mercados, en virtud de los incentivos fiscales que ofrece la Ley N.º 30309.

“Con esta norma, las empresas que inviertan en el desarrollo, investigación e innovación tecnológica y científica podrán deducir gastos en montos mayores a los realmente incurridos”, afirmó el tributarista Jorge Bravo Cucci al explicar sus alcances.

En efecto, la Ley de incentivos tributarios para la innovación tecnológica dispone los siguientes supuestos de deducción: (i) de 175% si es que los proyectos de investigación, desarrollo o innovación son realizados por el contribuyente; y, (ii) de 150% si es que los proyectos se realizan mediante centros de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.

“En los hechos, tales deducciones suponen un 75% y 50% de deducción adicional sobre el gasto efectivamente realizado por las empresas –con un límite de 1,335 UIT– y hasta el ejercicio 2019. Esto supone un beneficio fiscal importante que incentivará la inversión, tal como se venía pidiendo insistentemente al Estado”, comentó el experto.


Ámbito de aplicación 

Según la norma, las empresas que tendrían derecho a estas deducciones serían aquellas cuyos proyectos se inicien a partir de 2016. Mientras que las iniciativas que hayan sido devengados en los ejercicios 2014 o 2015, podrán ser deducidos en 2016, siempre que no hubieren sido calificados previamente por el Concytec.

Por tanto, los gastos incurridos se deducirán a partir del ejercicio en que se obtenga la calificación del proyecto. “De existir gastos anteriores, estos se deducirán en el ejercicio en que se obtenga tal certificación, quedando prohibida la deducción de los desembolsos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada”, anotó.

Un aspecto importante de esta normativa es que la fiscalización de la ejecución de los proyectos quedará a cargo de las entidades pertinentes que hayan otorgado, en su momento, la calificación y autorización, las que deberán informar de los resultados de dicha fiscalización a la Sunat.


Fuente: “El Peruano”, 09 de abril de 2015